Prima facie , este es un caso de corrupción judicial y penitenciario, sumado a la negligencia extrema mostrada por los funcionarios o servidores del Poder Judicial y del INPE.Esto comprueba una vez más la tesis que para fugarse de las cárceles peruanas, los narcotraficantes no necesitan hacer mayores esfuerzos, trepar paredes , hacer un túnel, salen por la puerta grande, con todos los honores, con una celeridad inaudita, tal como sucedió este mes con dos “nachos” de alto vuelo, el colombiano Aníbal Zapata Ávila, capturado el 6 de febrero 2009 con 128 Kilos de Cocaína y el peruano , Israel Motte Ramírez , detenido el 22 de septiembre 2005 con 199 Kilos de Cocaína, quien se encontraba purgando condena de 20 años por TID.
Esta escandalosa fuga recién se descubre a los doce días de ocurrido , entre los días 3 y 6 de febrero, en plena vacaciones del Poder Judicial, cuando el Juez del 14° Juzgado Penal de Lima se encontraba de vacaciones y fue llamado por un magistrado de la Sala Penal que saber por qué se le había dado libertad al narcotraficante colombiano.
El Juez, Carlos Tuya Jara, recién se entera de este hecho , sospecha que habían utilizado su nombre, sellos, falsificado su firma para sacar en libertad a los dos narcotraficantes y cuando se acerca a la Oficina de Control de Ingresos y Egresos del INPE que funciona en los mismos ambientes del Poder Judicial , quinta cuadra de la Avenida Abancay, comprueba lo inevitable , que había sido víctima de una mafia que aprovechó la oportunidad para falsificar su firma, fraguar documentos y liberar a sus compinches.
Es lógico pensar que este tipo de maniobras, bien calculadas hasta en los mínimos detalles , no es gratis , cuesta una millonada. Los narcotraficantes han tenido que romperles las manos y comprar consciencias y silencios de varios funcionarios o servidores del Estado, tanto del Poder Judicial como del INPE.
Se ha soltado una cantidad nada despreciable de “verdes” y todo se preparó con antelación, hasta los mínimos detalles: mes de vacaciones judiciales, horas, la documentación, las firmas, los sellos, la recepción, la fuga rápida , silencio, etc.
Estoy seguro que la investigación encontrará varias figuras delictivas, no sólo delito de corrupción sino también delito contra la fe pública ( falsificación o adulteración de documentos) y sobre todo, negligencia punible por parte de las autoridades del Poder Judicial y del INPE que arrojará dudas sobre la gestión del presidente del INPE y de la ministra de Justicia.
Esta responsabilidad también recaerá sobre el presidente de la Corte Superior de Lima, el Dr. César Vega Vega, quien es está a cargo de dictar las políticas de control y supervisión en los juzgados y salas penales en cuanto a la tramitación de la documentación externa .
No es fácil burlar todos los controles para salir en libertad.
Más aún cuando son narcotraficantes. Las prisiones en nuestro país, además de ser " depósitos de miseria humana", son lugares en donde no existen secretos , todo se sabe, tarde o temprano.Estoy seguro que antes que sucedan estos hechos, la fuga era vox populi en todos los pabellones de Luri y Castro Castro , es decir, esta fuga estaba más cantada que los efectos de la crisis financiera internacional en nuestro país.Entonces, no se requiere ser un zahorí para deducir que ha existido complicidad en la fuga del personal del Poder Judicial y del INPE ; por lo tanto , el presidente del INPE, Leonardo Caparroz, tiene responsabilidad , no sólo como supervisor del trabajo de la Dirección de Registro Penitenciario a cargo de los trámites de liberación, sino también como responsable de la Dirección Penitenciaria en donde funciona una unidad de inteligencia penitenciaria , la misma que debió haber estado alerta o contar en sus bases de datos con las firmas y sellos de las autoridades del Poder Judicial para realizar el contraste en estos casos de liberación de peligrosos secuestradores o narcotraficantes .
Si no cuentan con esta base de datos elementales, entonces están de demás y , todos los jefes de estass dos direcciones del INPE , gravitantes para la seguridad, inteligencia y el control , deben ser cambiados y enunciados por negligencia punible.
Considero que esta vez no debe salvarse el presidente del INPE, quien parece que algún santo de su devoción lo protege o está “blindado “ por alguien, porque en su gestión pasa de todo :muertes sospechosas de internos, fugas escandalosas, corrupción, etc. Y, sigue vivito y coleando hasta las próximas fugas .
Sigue en su puesto y los escándalos no le hacen mella.
Como jefe de esta institución es su obligación coordinar ,supervisar el cumpliento de los procesos de ingresos y egresos de los internos , sentencias a penas limitativas de derechos y de los liberados .
Sigue en su puesto y los escándalos no le hacen mella.
Como jefe de esta institución es su obligación coordinar ,supervisar el cumpliento de los procesos de ingresos y egresos de los internos , sentencias a penas limitativas de derechos y de los liberados .
Así está señalado en el ROF y el Código de Ejecución Penal.El presidente de la Corte Superior, Dr. César Vega Vega, debe extremar las medidas y delinear políticas para brindar seguridad a la documentación que se tramita en los juzgados , empezando por precisar y definir las funciones de los secretarios judiciales y auxiliares de los juzgados .
No resulta racional , justificado, que los secretarios judiciales tengan tanta alas para elaborar los decretos y oficios sin colocar las firmas de los jueces, notificar las resoluciones judiciales obviando las mesas de partes, tanto del juzgado como la mesa de partes única, incluso, autorizar para que el personal policial adscrito a los juzgados realicen notificaciones en días y horas inusuales , evidenciando interés directo o indirecto en el proceso .
El Poder Judicial y el INPE deben contar con un sistema integrado de registro penitenciario e intercambio permanente de información cuando se trata de presos peligrosos o narcotraficantes.
Finalmente, las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el INPE deben fortalecerse y promoverse a niveles más óptimos, creando una Dirección de Inteligencia Penitenciaria como se tenía proyectado en mi gestión en el año 2007.