elpacificador2013

Nuevamente aparece en las noticias recientes sobre invasiones de terrenos el nombre de la seudo Comunidad Campesina de Pachacamac y los Cuya Martínez.

El diario El Comercio (versión online) publica una nota periodística bajo el titulo de “ Amenaza de invasión continúa en La Molina.-Desde el jueves hay intentos de ocupar 100 hectáreas de la Arenera La Molina” que pese  al frío que en esta época del año, unos 300 pobladores trataron de invadir, por segunda vez en esta semana, un terreno de 100 hectáreas, propiedad de Arenera La Molina, en la parte alta de la urbanización Musa, en el límite entre La Molina y Cieneguilla.

Según el diario, los invasores son  personas estafadas por Yanet Cuya Rodríguez, presunta dirigente de la Comunidad Campesina de Pachacámac, que no existe en Registros Públicos, pero que se hizo pasar como dueña de este terreno.

El jueves pasado ya se intervino a dos de sus cómplices, pero insisten en entrar por la fuerza”, indicó Nicolás Ramos, representante comercial de la empresa.

El Comercio  conversó con los supuestos agraviados, quienes aseguraron contar con los documentos que acreditan la venta, aunque optaron por no mostrarlos. Según dijeron, ellos compraron los lotes a la familia Aparicio (accionistas de la arenera), y pagaron US$50 por cada m2.

“Somos 5.000 pobladores que necesitamos vivienda para nuestros hijos. ¡De acá nos sacarán muertos!”, exclamó una pobladora, quien prefirió no identificarse.

Quien sí pudo ser reconocido por la policía y por Ramos fue un tal Víctor Cabanillas, dirigente de la supuesta comunidad campesina, a quien se le decomisó días atrás un cargamento de esteras y palos que iban a ser utilizadas para concretar la invasión.

“Los que mienten son ellos [los representantes de la arenera]. Nuestra comunidad existe y tenemos todo el derecho de ocupar lo que es nuestro”, dijo Cabanillas a El Comercio.

“Tratamos de no responder con violencia, por lo que limitamos la defensa del terreno al uso de gases lacrimógenos. Todos los detenidos fueron acusados por usurpación grave”, observó Pedro Morán, comisario de La Molina, quien ayer también supervisó el despliegue de unos 15 policías que permanecerán en la zona hasta que los pobladores se vayan.

Hasta el cierre de esta edición, los pobladores insistían en permanecer en la zona. La mayoría eran mujeres y niños.

Adelantaron que no propiciarían enfrentamientos, ya que confían en que el Poder Judicial ratificará su condición de propietarios.

La arenera La Molina, es una  cantera que despierta codicias, desde 1946, comercializa hormigón, arena gruesa y piedra chancada y por su  extensión, unos 763 m2, el terreno es un blanco fácil para las invasiones. Según Registros Públicos, el terreno pertenece a Corporación AAR, entidad que administra la arenera.

¿ Qué es y quienes conforman la supuesta Comunidad Campesina de Pachacamac?

La supuesta Comunidad Campesina de Pachacámac, que pidió se le reconozca  como posesionara de una hectárea  en 1946 y  cuya existencia fue anulada jurídicamente en 1949,   pretende ahora ser dueña de  107,164 hectáreas al sur de Lima. ¿Quién  está detrás de  esta fabulosa operación?. Nada menos que el empresario José Jorge Pazos Holder

Sólo una mente siniestra –no hay otra explicación-  pudo haber montado  el mayor tráfico de tierras  al sur de Lima, utilizando  a una falsa Comunidad Indígena de Pachacámac, integrada por personas reales, de extrema pobreza y de muy escasa educación, para  presentarla como dueña de  107,164 hectáreas, que abarca 12 distritos,  cuyos derechos se basan en  una inexistente Real Cédula Española, expedida  en 1746 por el Virrey  Manuel Amat y Juniet.

Dicha comunidad, que fue presidida por Víctor Manuel Cuya Martínez  y que ahora es dirigida por su hija, Janet  Cuya Rodríguez, e integran una treintena de sus familiares,  vende, transfiere, obsequia tierras y legaliza sus actos  como si fuera una empresa formal.

Y, cuando  algún posesionario  se resiste a salir  de su territorio, entra en acción  “la mente siniestra”, la misma que  utiliza todo tipo de amenazas hasta llegar  a una conciliación con los actores, prestándose  entonces algún juez para  extender una Escritura Pública.

Para tal fin han  participado, como coro de fondo o con su inercia, Municipios, Registros Públicos, COFOPRI, la Dirección Regional Agraria de Lima, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio Público, el Poder Judicial, Conciliadores y Notarios. 

Una investigación realizada por la revista “Juez Justo” y publicada  el 24 de febrero del 2010, permitió descubrir el hilo que lleva a esta madeja,  cuyo operador en la sombra  es el empresario Jorge  José Pazos Holder, a través de su abogado Carlos Castillo.

Pasos Holder  es dueño de las instituciones educativas CESCA,  CICEX, COMPUTRONIC y la Universidad Técnica Peruana de Ciencia Informática, entre otras propiedades.

El pasado fin de semana el tema fue expuesto, durante una hora, en el programa inicial de“Juez Justo”, que  se transmitió en  RBC Televisión, bajo la dirección de  Benedicto Jiménez y que marcó el retorno  de Martha Sofía Salazar.

Este gigantesco tráfico de tierras, que mueve muchos millones de  dólares, se basa en  dos argumentos.

• Que la Comunidad Indígena o Campesina existe en Pachacámac.
• Que los títulos de sus tierras se los otorgó  el Virrey Amat en 1760.

La investigación de la revista “Juez Justo” ha demostrado que ambas premisas son  falsas. No existe tal comunidad campesina o indígena de Pachacámac.

Y el Virrey Amat nunca concedió tierras a una comunidad con ese nombre.

Vamos por partes y cucharadas.

Según información técnica del Ministerio de Agricultura, que data desde el año 2007, el Proyecto  Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, Oficina PETT Regional de Lima y Callao, sostiene que  si bien la referida Comunidad  fue reconocida  mediante Resolución Suprema  N° 49 del 27 de marzo de 1946, la misma  fue posteriormente  derogada por Resolución Suprema del 28 de octubre de 1949.

Pero este dueño ficticio de las tierras ubicadas al sur de Lima, que abarca los distritos de Chorrillos, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín, Cieneguilla, La Molina, Punta Negra y San Bartolo, que no tiene  inscrito un metro  cuadrado de tierra en los registros públicos de SUNARP,  hace mención entonces a sus supuestos derechos obtenidos  en 1746,  sobre la base de una Real Cédula Española   expedida por el Virrey Amat y Juniet.

Durante una acción de determinación de  límites distritales entre Pachacámac y Lurín,  el Tribunal Constitucional, al valorar la documentación señala que el Virrey Amat y Juniet  arribó al virreinato del Perú en el año de 1760, por lo que en 1746 no hubiera podido suscribir el título ancestral  de la citada Comunidad Campesina o Indígena de Pachacamac. Por lo tanto, no existe tal derecho  que la Comunidad pueda reclamar, más allá de su personería jurídica.

 A“la mente siniestra” la jalaron en Historia.

El Virrey Manuel Amat y Juliet es uno de los personajes más populares de nuestra historia, como  que  se prendó de la belleza y gracia de la huanuqueña Micaela Villegas, a quien llamó “La Perricholi”, en cuyo honor y para su halago y satisfacción, según los relatos de la época, mandó construir  el paseo de Aguas, en el Rímac. Amat también construyó la alameda de Acho y reconstruyó el paseo de la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Acho, la Quinta Presa,  fortificó el Real Felipe, construyó las iglesias de Santo Domingo y las Nazarenas y organizó tres expediciones  hacia las Islas de la Sociedad, después de informarse  del descubrimiento de la Polinesia. 

Amat  fue un distinguido militar cuyas charreteras las ganó en diversas batallas en África, llegó a América en calidad de  gobernador de Chile, cargo que desempeñó entre los años 1755 y 1761. Vino al Perú en 1761 para suceder en el cargo al virrey José Antonio Manso de Velasco. Y concluyó su gestión en 1776,  cuando fue reemplazado por  el marqués Manuel de Guirior.

Como puede deducirse de esta apretada historia, Amat nunca estuvo en el Perú  en 1746, y no extendió ningún título ancestral en ese año, lo que habría equivalido a  invadir los fueros y  dar un golpe de estado contra  el virrey José Antonio Manso de Velasco. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.

La legislación actual prevé  un deslinde y titulación de tierras comunales a cargo de COFOPRI, por lo cual debemos afirmar que la Comunidad Campesina de Pachacamac nunca obtuvo la  aprobación  de los planos  en conjunto de su supuestas tierras comunales, menos aún logró inscribirlas en los Registros Públicos.

Se ha corroborado que  Víctor Manuel Cuya Martínez se acercó en  varias oportunidades a COFOPRI, con la finalidad de lograr el aval de esta institución e inscribir lo que consideraba su propiedad. El resultado siempre fue negativo, pues esa institución  conoce la existencia de  la resolución de extinción  de la comunidad, pese a la inscripción  registral fraudulenta  que logró  en el año 2002.

¿Cómo se prueba la extinción legal de la Comunidad campesina de Pachacámac?

Según el expediente  administrativo de reconocimiento de personería jurídica, obrante en el archivo central  de la Oficina Zonal de Lima y Callao de COFOPRI,  existen copias   de la Resolución  que extingue a dicha comunidad, pues los ejemplares originales  fueron hechos desaparecer por manos extrañas. Sin embargo, este hecho constituye  el punto inicial  de una bien montada estrategia, pues después de medio siglo de haberse extinguido la comunidad,  en los Registros Públicos de Lima, con fecha 05 de abril  del año 2002,  se presenta el título con el que logra inscribirse, tal como  consta en la Partida Registral  número 11359434 del Registro de Comunidades  Campesinas  de la Provincia de Lima. El que presenta el título  es Víctor Manuel Cuya Martínez, presidente de la directiva de la comunidad por varios períodos.

¿Qué motivos llevó a Cuya Martínez a solicitar la inscripción  de la personería jurídica de una comunidad inexistente?

¿Cómo es que Registros Públicos  inscribe en el 2002 una comunidad reconocida  en el año 1946 y derogada en el año 1949, sin que en este lapso  genere ninguna suspicacia  en el Registrador?.

Víctor Manuel Cuya Martínez  conocía de la existencia de la Resolución de extinción de la comunidad. Solicitó ante el entonces PETT  del Ministerio de Agricultura la revisión del expediente de reconocimiento de la comunidad, así como hizo distintas gestiones  para lograr un ejemplar de estos documentos. El PETT  le notificó por escrito  la inexistencia de la comunidad.

Otra fuente que demuestra la desaparición de la comunidad indígena de Pachacamac en 1949, es el libro escrito por los antropólogos  José Matos Mar y Valdemar Espinoza Soriano, con el título “El Valle de Lurín y el pueblo de Pachacamac”, editado por el departamento de Antropología de la Facultad  de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San marcos, en el año 1964. Los autores, en las páginas 154 y 155, al referirse a un litigio  habido entre la comunidad campesina de Pachacamac, señalan que el reconocimiento  oficial de la comunidad se produjo el 27 de marzo de 1946, pero que tres años más tarde, en 1949, se declara su extinción.

Asimismo,  el Censo Nacional de Comunidades, emitido por SINAMOS en 1977, no menciona ni considera a la referida comunidad entre  las existentes de la provincia de Lima.

El clan familiar que integra la supuesta comunidad  está formada por familiares (esposas, hijos, tíos, sobrinos,  yernos, nueras y nietos), que viven en casas rústicas, con muy escasos servicios, la mayoría de los cuales sólo tiene quinto año de primaria, salvo la hija del presidente, Jeanet Manuela Cuya Rodríguez,  técnico en computación  y con grado de educación superior.

¿Podría  un grupo de ciudadanos, comunes y corrientes, con escasos recursos económicos, concertar una estrategia  legal para traficar tierras en 12 distritos?

Ahora veremos de dónde proceden los recursos.

La Comunidad, el 26 de diciembre del año 2005,  firma una Escritura Pública ante el Notario Landy Grillo, para donar  tierras  a favor de Jorge José Pazos Holder, en agradecimiento por su ayuda para solventar  los gastos de saneamiento  físico legal  de las tierras comunales, fungiendo como presidente Víctor Manuel Cuya Martínez  y basándose en el “título ancestral” otorgado presuntamente por el virrey Amat. Este documento, que se encuentra  en un instrumento público, deviene en apócrifo y nulo.

Recientemente hubo un  caso de confrontación entre la Comunidad Campesina de Pachacamac y la Asociación Agropecuaria Santa Rosa de Lurín,  formada por varios agricultores y ganaderos posesionarios  de 14 hectáreas desde el año 1986.

En el año 2004  se presentó  ante la Asociación un grupo de personas con el propósito de ofrecerle comprar la posesión. Como los integrantes de la Asociación se negaran,  entonces llegó hasta el lugar Gustavo Rey Holder, empleado del instituto CESCA, para comunicarles que  habían sido denunciados penalmente por invasores y que la  policía procedería a capturar a su presidente, como de hecho así ocurrió.  Los campesinos prefirieron  firmar un acta de conciliación, que fue la base para que  se les otorgara una Escritura Pública en el juzgado Mixto de Lurín, a cargo del juez René Holguín Huamaní.