Una nueva denuncia aparece contra Jorge Pazos Holder, dueño de CESCA, otras instituciones educativas.
No es la primera vez que Jorge José Pazos Holder da que hablar. Muchos creen que sus millones provienen de lo que vende, una imagen de educador ejemplar, dueño de tres institutos y una universidad. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú no se cree ese cuento, lo investigó y encontró serios indicios de delitos contra el Estado, entre ellos Asociación ilícita para delinquir y falsedad genérica. Esta vez por el tráfico de cientos de hectáreas en Lurín.
| Unidad de Investigación |Revista Juez justo
El atestado N° 557 -2010-DIRINCRI-PNP/ DIVPIDDMP/D9, que responde a la denuncia N° 46-2010 de la Décimo Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima en contra del mencionado empresario deja en claro dos cosas: que Pazos Holder, dueño de CESCA, Computronic, Cicex y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), encabeza una “estructura orgánica delictiva” que engañó a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ocultando información para apropiarse ilegalmente de terrenos en el distrito de Lurín.
Este lío de magnitudes tan grandes como los terrenos que pretende apropiarse, empezó con la Real Cédula de 1746, en la cual, supuestamente, el virrey Manuel de Amat definió los territorios que abarca Pachacamac.
Este documento, contenido en un instrumento público, deviene en apócrifo, inexacto y, por último, en nulo.
Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional al valorarlo en una acción de determinación de límites distritales entre Pachacamac y Lurín. La sentencia señala que el Virrey Amat arribó al Virreinato del Perú en el año 1760, por lo que en 1746 no hubiera podido suscribir el supuesto título ancestral.
¿Cuál es la importancia de este documento en este caso? Muy simple, la Comunidad Campesina de Pachacamac, constituida en el año 2002, se ampara en esa cédula para proclamarse dueña de la tierra que actualmente está traficando.
Pero, la Comunidad Campesina de Pachacamac no es nueva. Por lo menos la primera y verdadera data de 1946, año en que, mediante Resolución Suprema, el Estado peruano reconoció su existencia legal. Sin embargo, en 1949 otra Resolución Suprema declara que, debido a que solo se acreditaba la existencia de cuatro comuneros en dicha comunidad, no se podía considerar su existencia para fines prácticos y se declara inexistente dicha comunidad.
En el 2002, Víctor Manuel Cuya Martínez convocó a su propia familia y conformó la nueva Comunidad Campesina de Pachacamac, indicando como sede la dirección de su domicilio en el Jirón Comercio 125, distrito de Pachacamac. Obviamente estaba inducido por personas que conocían la historia de la Real Cédula y que querían aprovecharse de estos vagos antecedentes.
Toma y daca
Según los padrones de los integrantes de la Comunidad Campesina de Pachacamac, la mayoría no tienen estudios superiores. El propio Cuya Martínez, considerado también como implicado junto a Pazos Holder en el mencionado atestado policial, indica en el padrón comunal tener quinto grado de instrucción primaria. La actual presidenta, Yaneth Cuya Rodríguez, igualmente acusada por la Policía, tiene estudios superiores como técnico en computación.
El atestado policial es categórico. Existen evidencias de hasta seis delitos. El caso será evaluado ahora por la Décima Sexta Fiscal Penal de Lima.
La familia vive en una pequeña propiedad de construcción muy artesanal, en la misma dirección que aparece como sede de la Comunidad. Por lo tanto, es poco probable que sean autores del plan y menos tengan los recursos para solventar económicamente toda esta maraña delincuencial.
Es obvio que en este complicado tema han tenido que intervenir especialistas, personas conocedoras del tema de tierras y comunal. La ejecución de la estrategia legal de la Comunidad tiene, obviamente, un costo elevado.
Resulta sospechoso, por decir lo menos, que los humildes “comuneros” puedan solventar tales costos. Pero, se entiende perfectamente de dónde viene la ayuda y cuáles son las motivaciones detrás de esta Comunidad si recurrimos a la Escritura Pública de fecha 26 de diciembre de 2005, otorgada ante el Notario Landi Grillo, por la Comunidad Campesina de Pachacamac, donde se advierte que la “donación de tierras” a favor de Jorge Pazos Holder se otorga en agradecimiento por su ayuda en solventar los gastos del saneamiento físico legal de las tierras comunales.
El delito
La 16ª Fiscalía solicitó a la DIRINCRI obtener las declaraciones de los involucrados y verificar la veracidad y existencia de los documentos utilizados por la Comunidad Campesina de Pachacamac para hacerse de las tierras que luego regalaron a Jorge Pazos Holder.
La conclusión de la DIRINCRI es muy seria: “(…) con la intención de traficar con terrenos que no pertenecen a la Comunidad Campesina de Pachacamac y utilizando a esta, los denunciados Jorge José Pazos Holder (Adjudicatario), Víctor Manuel Cuya Rodríguez (Ex Presidente), Yanet Manuela Cuya Rodríguez (Presidente) y Sammy Jhon Guarniz Camacho (presentante de los títulos ante la SUNARP), en concierto de voluntades, pese a tener pleno conocimiento que a dicho ente comunal se le había revocado su reconocimiento efectuado el año 1946 y ocultando la revocatoria del año 1949, solo se presentó para su inscripción ante la SUNARP la solicitud de comunidad, ocultando y/o omitiendo presentar la Resolución Suprema que derogaba dicho reconocimiento”.
La PNP citó a los demandados a rendir sus manifestaciones en relación a este tema. Sin embargo, y como asegura el mismo atestado, ni Pazos Holder ni la familia Cuya se presentaron, siendo considerados en la denuncia como “No habidos”.
La DIRINCRI concluye en su atestado también que “de los títulos archivados, se puede advertir que luego de la inscripción de la Comunidad Campesina de Pachacamac efectuada en el año 2002, se procede a solicitar ante la SUNARP la inscripción de bienes inmuebles primero a nombre de la aludida Comunidad y luego realizan la transferencia en adjudicación a favor de (…) Pazos Holder, para así hacerse de terrenos que asciende a más de 300 hectáreas conforme es de verse de la Declaración Jurada de Arbitrios a su nombre expedido por la Municipalidad de Lurín” y que los denunciados, “están perturbando la posesión de sus legítimos posesionarios”.
Queda ahora en manos de la 16ª Fiscalía Provincial Penal de Lima formalizar denuncia contra el dueño de CESCA y la falsa Comunidad Campesina de Pachacamac “por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir, delito contra la Fe Pública – Falsedad Genérica y otros, en agravio de la SUNARP y otros”.
Autor intelectual
El abogado Carlos Francisco Castillo Figueroa fue denunciado también como coautor de los siguientes delitos:
• Asociación Ilícita,
• Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo,
• Extorsión,
• Usurpación agravada,
• Contra la fe pública–Falsedad Genérica.
Castillo Figueroa habría sido el autor intelectual y artífice de la maniobra que urdieron todos los demás implicados.
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