martes, 31 de agosto de 2010

Las juntas vecinales son un canal de participación desaprovechado




Solo el 38% de municipalidades ha regulado su funcionamiento

Por: Iván Herrera/Katherine Subirana


Miércoles 4 de Agosto del 2010


Las juntas vecinales son un vehículo con las llantas pinchadas, un mecanismo que solo cumple a medias su propósito de facilitar la intervención de la ciudadanía en la solución de los problemas locales, por culpa del desinterés de autoridades y pobladores.

La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), aprobada en el 2003, establece que las juntas se encargan de supervisar la prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales y las obras que ejecuta el concejo.

La norma señala que el concejo tiene que regular su organización y funcionamiento a través de una ordenanza. Sin embargo, solo 18 de los 49 municipios de Lima y Callao han cumplido con esta obligación, según el Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM).

SIN ELECCIONES

Además, muy pocos gobiernos locales organizan elecciones de los representantes de juntas vecinales, otro mandato de la LOM. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que el año pasado apoyó la realización de comicios de juntas vecinales en solo ocho distritos: Breña, Comas, Jesús María, Lince, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja y San Isidro. Y, en lo que va del año, lo ha hecho en Miraflores y San Martín de Porres.

La ley no obliga a los municipios a recurrir a la ONPE, pero tampoco se conoce de distritos que hayan convocado sin ella a elecciones vecinales, sostiene el abogado Julio César Castiglioni, especialista en gobiernos locales.

Ni siquiera lo ha hecho la Municipalidad de Lima, admite Derlis Guzmán, subgerente de Participación Vecinal del concejo metropolitano. Según él, la municipalidad prefiere que las organizaciones sociales escojan a sus dirigentes de forma interna.

El Concejo de Surco, que tampoco convoca a elecciones vecinales, se escuda en una razón más original: como el distrito tiene conflictos fronterizos, sería difícil establecer los límites geográficos de algunas juntas.

Al final, lo que está en juego es el poder real de dichas asociaciones. Julio César Castiglioni advierte que los municipios podrían argumentar el incumplimiento de las condiciones previstas en la ley para limitar las atribuciones de las juntas vecinales, por ejemplo el derecho a tomar la palabra en las sesiones de concejo.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Sin embargo, el que se realice elecciones no garantiza que las juntas vecinales puedan hacerse oír en las sesiones de concejo. “Nadie se entera cuándo es la reunión. No hay un día fijo. Publican la convocatoria en una esquinita”, dice Ana María Bravo, presidenta de la junta vecinal de la Urb. San Felipe, Magdalena. El mismo problema nota, en San Isidro, Carlos González, presidente de una junta vecinal.

González, quien lleva cuatro años de dirigente, se queja de que el alcalde de San Isidro, Antonio Meier, no haya hecho ninguna audiencia pública para rendir cuentas de la totalidad de los fondos que maneja el municipio.

Para él no bastan los desayunos que compartió Meier con los delegados de juntas vecinales para exponerles las obras ejecutadas en el marco del presupuesto participativo, de los que nos habló David Jáuregui, funcionario de la Gerencia de Participación Vecinal de San Isidro.

Los delegados también tienen que lidiar con la desidia de los demás vecinos. “La participación ha ido decreciendo”, opina González. En los últimos comicios vecinales de San Isidro participó apenas el 2% de los residentes. Diez de los 24 subsectores del distrito se quedaron sin representantes.

Juntos contra la delincuencia

Además de las juntas vecinales que fiscalizan la labor de las municipalidades, existen otras que se dedican a promover la seguridad ciudadana en sus barrios, de la mano de la Policía Nacional (PNP).

La Dirección Territorial de la PNP de Lima (Dirtepol VII) tiene registradas 6.358 juntas vecinales, integradas por 40.094 personas. El general (r) Eduardo Pérez Rocha, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), dice que fue en la década del 80 que la PNP empezó a organizar juntas vecinales en todo el país, a fin de obtener información que ayude a la prevención del delito.

Pérez Rocha explica que las juntas vecinales apoyan a las comisarías de su sector. “Las juntas informan sobre los puntos de venta de drogas o de artículos robados. Para ello, los presidentes de las juntas coordinan con los dirigentes de cada cuadra o manzana, aunque es cierto que no todas trabajan eficientemente”, señala.

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