La elaboración de la reseña histórica de la Policía Nacional marca un compromiso con las generaciones pasadas y futuras. La historia policial debe difundirse como un sistema de investigación , métodos cuya finalidad principal sea ayudar a los policías para que a través del desciframiento de su pasado, comprendan las razones que explican su situación presente y sus perspectivas. Una historia herramienta que enriquece la capacidad de comprensión y de crítica supone una participación activa de todos cuantos se interesan en ella. Nuevo director general PNP Felix Murazzo Carrillo
El sábado 15 de mayo 2004 es reconocido como nuevo director general de la Policía Nacional el general PNP Félix Murazzo y durante la ceremonia de asunción del cargo hizo el anuncio que seguirá con la reforma policial emprendida durante la gestión del ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, asimismo, adelantó que su gestión se levantará sobre cuatro pilares : reafirmar la calidad del servicio policial , luchar contra la corrupción , acercar la institución a la población y mejorar la salud y bienestar de los policías.
Así el “Código 2” ( ex Policía de Investigaciones ) volvía al comando policial , después de muchos años, situación que no a dudarlo , despertó celos profesionales y preocupación en los otros códigos ( ex Guardia Civil y ex Guardia Republicana).
El general Murazzo , además de conocer las técnicas de lucha contra el crimen organizado era doctor en derecho . Uno de los grandes retos que tenía al frente era disminuir los altos índices delictivos y modernizar la policía para ponerla a las alturas de las mejores policías del mundo.
Era conciente de que no contaba con mucho tiempo para hacer los cambios en la policía y que cada día que pasaba ante los preocupantes índices elevados de criminalidad en nuestro país, iba a estar sometido a una constante presión para dar resultados o terminar sólo en un “bombero” ( apagador de incendios) , como muchos directores generales que llegaron, disfrutaron del poder, vieron y lego se fueron sin pena ni gloria .
La percepción del ciudadano era que prácticamente la delincuencia había tomado las calles y existía en el ambiente una sensación de inseguridad ante los secuestros y asaltos que cada día se convertían en algo rutinario con el desmedro de la imagen institucional..
Existe un premisa: cualquier reforma policial debía apuntar a mejorar las condiciones de vida y darles tratamiento especial a la falta de competitividad y productividad, desmoralización , desconfianza de la población con relación a la policía, las remuneraciones y el débil sistema administrativo y operativo.
Los principales retos que tenía frente a sí el nuevo Director General de la Policía Nacional eran reiniciar la reforma policial que había quedado trunca debido a que el ex ministro del Interior , Fernando Rospigliosi , la desvió en su verdadera esencia , alejándola de sus objetivos : modernizar la institución en el aspecto normativo , doctrina policial , estructura orgánica, selección , instrucción, salud y bienestar, evaluación del personal , participación y control democrático, gestión y administración de recursos logísticos, reingeniería de los procesos y procedimientos policiales, sistema de recursos humanos, tecnología informática , telecomunicaciones y transporte.
Uno de las principales tareas para toda reforma policial es elaborar el diagnóstico situacional de la Policía Nacional debido a que actualmente no existe. Al no contar la policía con un diagnóstico actualizado se torna difícil trazar los objetivos, estrategias , metas y las actividades .
La modernización de la policial debía enfocarse en cuanto al marco normativo , doctrina , organización policial, procesos de selección , instrucción, salud y bienestar, evaluación del personal en funciones, sistemas de participación y control democrático, gestión y administración de los recursos.
La doctrina policial debía tener como eje la ciencia y tecnología policial , la adopción de valores democráticos, el respeto a la ciudadanía, la plena observancia de las leyes, la protección permanente de los derechos humanos , la competitividad y productividad policial y la transparencia en el manejo de los recursos y respeto de la dignidad del policía.
La idea era convertir la institución en más ágil, flexible, descentralizada , dirigida con criterios gerenciales , proactiva, creativa , innovadora, explotación racional y transparente de los escasos recursos logísticos, tecnológicos, actualizando los instrumentos legales que garanticen jurídicamente su intervención policial.
Promover la figura del policía comunitario, estrechamente vinculada al ciudadano, que goce de un alto grado de aceptación y confianza ciudadana, que mantenga la naturaleza civil de su función, con una estructura jerarquizada que asegure su disciplina y el oportuno cumplimiento de las normas operativas.
Dignificar la función policial y al policía, dándole un trato justo, equitativo, transparente , empezando por erradicar las irregularidades en los ascensos y cambios de colocación.
Combatir la discriminación evidente y escandalosa en las felicitaciones, la falta de equidad en el otorgamiento de incentivos al personal PNP.
Aún persistía algunos criterios de compensación sólo a la labor operativa, olvidándose de otras áreas como la administración, criminalistica e instrucción.
A esta situación, se sumaba la permanente subestimación, escasa valoración y desmotivación del personal a la trascendencia de la labor que realiza, como pieza fundamental en el engranaje institucional y la importancia de cada uno de los integrantes de la institución.
Había que buscar fórmulas innovadoras que permitan que el policía tenga el mejor nivel de vida , bienestar y salud.
Buscar solución a los problemas que se derivan de una inadecuada racionalización y rotación del personal, como son el excesivo tiempo de permanencia en una unidad o en una provincia, la falta de recursos económicos para el cobro de los viáticos, la asignación a una unidad incompatible con su especialidad, el retraso en los ascensos, la percepción fundada o no de arbitrariedades en la imposición de sanciones o procesos judiciales.
Encontrar solución a la falta de una adecuada asignación del personal en las unidades de acuerdo a las especialidades; asignación que se hace sin tomar en cuenta su especialidad, limitando el desarrollo de sus potencialidades, afectando el servicio y consecuentemente resultando implicado o investigado en procesos administrativo / disciplinarios o judiciales.
Lograr productividad y competitividad en el personal policial. Algunos Oficiales y gran parte del personal de suboficiales, en el convencimiento de tener una estabilidad laboral asegurada en la Institución, no cumplen a cabalidad con su labor asignada, o lo realiza en forma rutinaria, con indiferencia y falta de responsabilidad, además de demostrar cierta resistencia al cambio. Esta actitud no solo afecta su desarrollo profesional sino también la del instituto y por ende el servicio policial.
Alcanzar una adecuación ocupacional para estimar el grado de compatibilidad entre la calificación de los policías y la ocupación que ejercen.
Este indicador apuntaría a ser un orientador para las escuelas formadoras de los policías y su objetivo sería identificar los niveles de formación con las ocupaciones agrupadas por niveles de complejidad pues así se identifica los desajustes.
Planificar el desarrollo organizacional e incremento de efectivos de la PNP en corto y mediano plazo, manteniendo una relación directamente proporcional entre una estructura piramidal de las diferentes jerarquías y grados, las cantidades necesarias de personal, la asignación del empleo adecuado de acuerdo a su formación, capacitación y habilidades, y las necesidades del servicio que presta a la comunidad, en concordancia con la legislación vigente.
Planear una estrategia de incremento sostenido de los efectivos de la Policía Nacional, en el corto, mediano y largo plazo, resolviendo los problemas legales que demande su aplicación, en función de elevar la calidad del servicio y la cantidad de personal PNP para satisfacer las necesidades de Seguridad de la población.
Elaborar los perfiles profesionales y ocupacionales y una base de datos de talentos y capacidades.
Convocar a proceso de admisión de personal profesional, técnico y auxiliar que conforman las categoría de oficiales de servicios, especialistas de servicios y personal empleado civil, para emplearlos en labores administrativas reemplazando así de esta manera al personal policial e incrementar las labores operativas.
Promover medidas preventivas policiales basadas en la capacidad de respuesta de un sistema policial que acuda en el menor tiempo posible ante una llamada de auxilio.
Desarrollar la inteligencia policial operativa en la policía especializada de lucha contra el crimen .En la lucha contra la criminalidad lo que ha dado mayor resultado es la aplicación de la inteligencia policial operativa.
Posibilitar el control ciudadano en el quehacer de la policía comunitaria y fortalecer la relación de la policía con las organizaciones comunales.
Buscar solución de manera inteligente con respecto a la policía que custodia los 33 penales para un retiro que evite su contaminación con la corrupción y destinarlos a seguridad ciudadana .
Mejorar la gestión de los sistema de recursos humanos.
Modernización de los sistemas de telecomunicaciones e informática.
Optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía priorizando la seguridad ciudadana y eliminando toda función que no esté centrada en esta tarea principal.
Moralización a través de la transparencia y rendición de cuentas para terminar con la cultura del secreto en las compras y trato con proveedores.
Potenciación de la contrainteligencia para extirpar a los malos elementos corruptos de la policía y finalmente, reinsertar a la policía en la vida democrática del país, quitándole todo rezago de militarismo y evitando que caiga en la manipulación política .
Todos estas medidas eran necesarias para modernizar la policía , ponerla a las alturas de las mejores policías del mundo, reiniciar la reforma policial , convertir a la policía en competitiva y productiva , levantar su moral y dignidad y superar la desconfianza la población con relación al servicio que brinda y la existencia de policía implicados en bandas de plagiarios; además de mejorar el débil sistema administrativo, bajar los altos niveles de delincuencia común y crimen organizado que golpeaba Lima con secuestros, asaltos y asesinatos.
El nuevo director general de la PNP contaba con una ventaja a su favor , principalmente para luchar contra el delincuencia y el crimen organizado: procedía de las filas de la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP) , una institución con amplia experiencia en la lucha contra el delito y era un "policía operativo", había luchado contra el terrorismo y contra la delincuencia . No como muchos policías que llegan a los grados superiores cargándole el maletín al jefe como ayudantes o siempre dando vueltas por relaciones públicas, inspectorías, unidades logísticas o administrativas donde no se arriesga nada pero si mantienes la hoja de servicios limpia de castigos o sanciones o denuncias que se ganan los oficiales "operativos " que están en lucha constante con el crimen en sus múltiples facetas.
Otro reto que tenía el general Murazzo era acabar de una vez con la inacababa integración policial que hacía que cuando llega un general de determinado código ( ex GC, ex PIP o ex GR) al comando , se rodean de amigos y "queridos " de su mismo código y desplaza o margina a los otros códigos.
El 6 de junio 2004, Sendero Luminoso siempre nos recuerda que aún ex con una emboscada en Aguaytía , ocasionando la muerte de un marino y dos policías. Se llevaron tres fusiles y dos pistolas. Y, como se ha hecho costumbre, los representantes del gobierno de aquel entonces , comentan a los medios que son "rezagos" del terrorismo y que no hay que preocuparse . Al final, le echan la culpa a los muertos por no haber tomado todas las medidas necesarias para evitar que los embosquen o maten .
El 2 de Julio 2004, en la ciudad de Huamanga suceden enfrentamientos entre policías y pobladores, asaltos de locales públicos y privados, así como ataques a diversos vehículos. Todas estas acciones dejan como secuela , 40 heridos y 30 detenidos. El detonante fue el desalojo de un grupo de maestros de la facción extremista liderada por Robert Huaynalaya, que habían tomado el local municipal y la sede de la unidad de gestión educativa.
Al conocerse de la intervención policial, la población se solidarizó con los maestros en huelga y salió a protestar, mientras el Frente Regional de Defensa de Ayacucho decretó huelga indefinida. Todo comenzó cuando un contingente policial recuperó las sedes que fueron tomadas por los profesores.
Más de diez mil manifestantes tomaron la plaza de armas de Huamanga. La policía intentó controlar a la multitud y de inmediato se desató una batalla campal, llegando incluso en algunos casos a enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Entre los 40 heridos estaban diez policías.
El caso de la doctora María Teresa de la Cruz, acusada de pertenecer a Socorro Popular de Sendero Luminoso adquiere relevancia .
Cano fue detenida en 1995 y acusada de participar en una operación reconstructiva de mano de un supuesto terrorista de Sendero Luminoso. En 1996, un tribunal sin rostro la condenó a 20 años de prisión por colaboración con el terrorismo. A raíz de la anulación de las sentencias por subversión, el caso se reabrió y se ventila en el Cuarto Juzgado de Terrorismo.
Esta mujer ocasiona un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en contra de los nuevos juicios por terrorismo y su caso es evaluado por la Corte de San José, se escucha en audiencia pública los alegatos finales orales de la CIDH, de los representantes de la presunta víctima y del Estado.
El 11 de junio del 2003 la CIDH presentó una demanda contra el Perú por supuestas violaciones a los derechos humanos de De la Cruz Flores, a partir de su sometimiento "a un proceso penal por el delito de terrorismo" y la Comisión exigía que se declare que se violó la Convención Americana porque no había garantías para un debido proceso. De la Cruz fue condenada a 20 años de prisión por un tribunal civil sin rostro por haber asistido a una operación reconstructiva de la mano de un supuesto subversivo en 1996.
La titular del Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo, Miluska Cano, ordenó la puesta en libertad de la doctora María Teresa De la Cruz cuyo caso iba a ser evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una demanda que la CIDH interpuso contra el Estado peruano. La magistrada decidió variar el mandato de detención por el de comparecencia al no haberse acreditado fehacientemente que la acusada formaba parte de Socorro Popular, de Sendero Luminoso. La doctora abandonó el penal Santa Mónica de Chorrillos luego de ocho años de reclusión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica resolvi’o no dictar sentencia contra el Estado peruano por el caso de la pediatra María Teresa De la Cruz, acusada de pertenecer a las filas de Sendero Luminoso debido a que la Corte de San José ha visto con buenos ojos la orden de libertad dictada a favor de la acusada por el Poder Judicial peruano. Sin embargo, si bien no habrá ninguna sanción, el órgano interamericano sí se pronunciaría en el extremo legal de la reparación civil en favor de De la Cruz. Alberto Aguirre, defensor del Estado peruano sobre la resolución de la jueza antiterrorista Miluska Cano que dispuso el cambio de la orden de detención por la de comparecencia, al no haberse acreditado la responsabilidad de De la Cruz en el transcurso de las investigaciones.
La defensa de María Teresa De la Cruz presentó un recurso de excepción de naturaleza de acción (archivamiento), alegando que los presuntos ilícitos que se le imputan no constituyen delito. Si la solicitud era acogida, el caso sería archivado. Era importante recordar que a De la Cruz se le acusaba de haber asistido con una operación reconstructiva de mano a un supuesto subversivo.
El 7 de Julio los cocaleros del valle del Monzón liderados por Iburcio Morales Baltasar llegaron a Huánuco para realizar un mitin de concentración que contó con la participación de más de tres mil agricultores, en el inicio de su denominada "marcha de sacrificio" que concluirá en Lima. Los cocaleros marcharon por las principales calles de esta ciudad acompañados de sus esposas e hijos portando grandes pancartas en las que exigen al gobierno la desactivación de DEVIDA, la propuesta de desarrollo alternativo además del retiro de las ONG.
Iburcio Morales dirigió la marcha hasta la sede del gobierno regional que preside Luzmila Templo en donde, según manifestó, recibió apoyo de la presidenta para llevar sus reclamos a Lima. Agregó que la protesta tiene el propósito de exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 13 de mayo, "porque hasta la fecha no hubo respuesta alguna del gobierno". Añadió que entre los acuerdos se incluyó el cronograma de viajes de representantes del gobierno para visitar las principales zonas productoras de hojas de coca en el valle del Apurímac, pero que hasta la fecha ninguna se había realizado.
Las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 comenzaron a dar sus primeros frutos. Un Informe de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público llegaba a la conclusi’on que el 30% de los 118 internos que murieron en la operación de debelamiento del motín en el penal El Frontón, ocurrido en junio de 1986, fueron abatidos por disparos de bala. El jefe del IML, Luis Bromley Guerra, precisó que de ese porcentaje alrededor de 12 presentan impactos de proyectil en diversas partes de la cabeza, ya sea en la región frontal, parietal, occipital y temporal. "Los disparos fueron efectuados a larga y corta distancia", precisó. Añadió que otro 30% falleció por politraumatismos, un 20% por aplastamientos (les cayó paredes de pabellón) y el restante pereció por efecto de las explosiones de dinamita que hicieron las fuerzas policiales y militares para tomar el penal.
Casi once meses después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) terminara su mandato y entregara al Ministerio Público 47 casos susceptibles de ser judicializados, se ha identificado a 1.163 presuntos responsables de crímenes contra la humanidad, reveló la Defensora del Pueblo para casos de derechos humanos, Rocío Villanueva.
El nuevo Código Procesal Penal (CPP), promulgado por el Presidente Alejandro Toledo durante su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio, gener’o malestar en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para el inspector general de la PNP, general Marco Miyashiro, la flamante norma no contribuirá a la lucha contra la delincuencia, porque -según dijo- le resta atribuciones a los efectivos policiales.
Por su parte, el ex director de la PNP general Eduardo Pérez Rocha aseguró que con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal los efectivos policiales se sienten desmoralizados, ya que sienten que "quieren desaparecerlos". Más categórico y enfático aún fue el ex subjefe de la Dircote coronel Benedicto Jiménez, quien aseguró que con esta medida "se está canibalizando a la Policía".
Para facilitar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), el Ministerio de Justicia (MINJUS) iba a realizar las coordinaciones necesarias con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, a fin de asegurar su implementación y entrada en vigencia el 1 de febrero del 2006, precisó el titular del sector, Carlos Gamarra, quien adelantó que se iba a iniciar el Programa Asistencia Legal Gratuita (Alegra). Aseguró que el Gobierno brindará el apoyo requerido para la ejecución del nuevo texto legal regulado por el Decreto Legislativo Nº 957, que propugna una verdadera reforma de la justicia procesal penal basada en la separación de funciones de investigación y juzgamiento; mayor celeridad de los juzgamientos y eficacia en la lucha contra la delincuencia. Detalló también que durante su gestión se enfatizará el fortalecimiento del sistema anticorrupción. En esa perspectiva, comentó que el sector Justicia publicó recientemente el anteproyecto que crea el Consejo de Defensa del Estado, a fin de recibir los aportes de la ciudadanía.
El 6 de agosto, el Ejército chileno realizó un "juego de guerra" al norte de Iquique con despliegue de tanques y la presentación de sus nuevos carros blindados, en lo que la prensa chilena calificó como "una señal disuasiva hacia Perú".
El diario La Tercera de Chile precisó que la práctica estuvo encabezada por la ministra de Defensa de ese país, Michelle Bachelet, y el comandante en jefe del Ejército mapocho, general Juan Emilio Cheyre.
El ejercicio -que tuvo lugar en el desierto de Iquique y que fue presentado por el titular de la VI División, mayor Javier Iturriaga- tuvo como finalidad mostrar sus nuevos carros blindados, enfrentándose a una hipotética coalición de dos países enemigos, uno de los cuales tenía "una aspiración de acceso al mar para poder exportar sus reservas de gas".
Por otro lado, el canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, aseguró que la política exterior del país sobre el tema de la delimitación marítima es consistente y firme. Además, consideró de "muy mal gusto" el ejercicio militar de Chile que concibe un enfrentamiento con una coalición de dos países, con clara alusión al Perú y Bolivia.
La política de Washington para combatir el TID es un fracaso
El zar antidrogas de Estados Unidos John Walters admite que la política de Washington para combatir el tráfico ilegal de estupefacientes en América Latina no había funcionado como esperaban. y que los miles de millones de dólares invertidos a lo largo de muchos años, habían fallado en su intento de frenar el flujo de cocaína producida en América Latina en las calles de EEUU. Pero , a pesar de lo dicho, el funcionario estadounidense mantenía la esperanza de que esto iba a cambiar en los próximos meses porque se esperaba una reducción de la cocaína disponible en el mercado negro de esa nación norteamericana.
Perú y Estados Unidos mantienen una programación para reanudar los vuelos de interdicción aérea contra el narcotráfico en la selva peruana, aunque todavía sin fecha definida, informó el canciller Manuel Rodríguez Cuadros. EEUU suspendió en abril del 2001 su cooperación aérea con nuestro país, tras el derribo de una avioneta en la que viajaban misioneros norteamericanos.
Recorte de la ayuda militar al Perú
Estados Unidos de Norte America , a trav’es de su embajador estadounidense en el Perú, James Curtis Struble, amenazaba que en breve entrará en vigencia un recorte de la ayuda militar que Estados Unidos brinda a varios países latinoamericanos . El Perú se encuentraba entre ellos. La razón era por no haber firmado un acuerdo con EE.UU con la finalidad de no denunciar a sus soldados ante la Corte Penal Internacional en la eventualidad de crímenes de lesa humanidad que pudieran cometer. El matador Norte Americano aseguraba que sólo se trataba de una restricción a una parte de la ayuda militar para capacitación, cercana a los dos millones de dólares al año.
Añadió que este recorte no comprendía la ayuda para los programas de desarrollo (como las actividades antidrogas), la cual se elevaría a 160 millones de dólares anuales.
Por su parte, el congresista Luis Gonzales Posada (Apra) manifestó que se ha aprobado un proyecto de enmienda en la Cámara de Representantes que podría elevar el recorte a un monto entre los ocho y diez millones de dólares, al incluir parte del fondo de asistencia económica de AID. En ese sentido, destacó la posición principista, correcta y de compromiso con los derechos humanos del Perú al no haber firmado este acuerdo con EE.UU.
Después el embajador norteamericano en el Perú, James Curtis Struble, confirma que su país había recortado la ayuda militar por US$ 1,5 millones a las FFAA peruanas pero negó que la medida sea una represalia contra el gobierno peruano por haberse negado a firmar un acuerdo de inmunidad penal a favor de las tropas norteamericanas.
Curtis explicó que la reducción de la ayuda fue decidida por la Casa Blanca en julio del año pasado, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2002.
La norma prohíbe la entrega de ayuda militar a los países que no eximan a los estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). El diplomático admitió que el recorte de estos fondos afectará el entrenamiento de las tropas peruanas por instructores estadounidenses y el mantenimiento de los equipos y maquinarias militares. Sin embargo, indicó que el monto representa un porcentaje mínimo frente a los US$ 166 millones de ayuda total que Estados Unidos otorga al Perú anualmente.
El conflicto minero del Cerro Quilish
El 2 de setiembre , 3 mil campesinos toman el cerro Quilish (principal planta de agua potable de Cajamarca), exigiendo que se le anule a la concesionaria Yanacocha el permiso de exploración minera en esa zona. Se enfrentan a 300 policías, a quienes hacen retroceder más de 1 km. De este enfrentamiento, 5 campesinos y 7 policías resultan heridos y 21 personas son detenidas.
Notificado de la intentona campesina el contingente policial con refuerzos de Chiclayo pernoctó en la zona del Quillish, pero con las cosas empeoraron cuando unas 30 camionetas de Minera Yanacocha fueron destrozadas por los manifestantes. Conforme avanzaban para apoderarse de la zona donde se realiza la exploración, eran repelidos por las fuerzas del orden.
El conflicto desatado hace unos años por la explotación del Quillish por Minera Yanacocha, rico en oro según las evidencias técnicas, tuvo su punto más álgido cuando unos 300 policías se vieron obligados a usar gases lacrimógenos para dispersar a alrededor de tres mil campesinos, quienes con piedras y palos intentaron por todos los medios instalarse en lo que consideran el colchón acuífero de Cajamarca.
Los campesinos mantenían bloqueados además 25 km de la carretera a Bambamarca, mientras que alrededor de 1.500 campesinos continúan bloqueando la carretera Cajamarca-Bambamarca, un grupo de campesinos desvía las aguas que alimentan la planta de agualocal, dejando desabastecida a la ciudad de Cajamarca. Dieciocho campesinos detenidos un día atrás quedan en libertad.
El lunes 6, la minera Yanacocha decide suspender provisionalmente sus actividades de exploración de oro en el cerro Quillish, para iniciar estudios de impacto ambiental.
El congresista cajamarquino Luis Guerrero pidió a los campesinos retornar a la tranquilidad. Añadió que pedirá al ministro del Interior, Javier Reátegui Rosselló, un informe detallado de lo sucedido y demandó la formación de una comisión multipartidaria en el Congreso.
El 8 de setiembre, los habitantes de Cajamarca comienzan un paro provincial indefinido, tras la negativa del gobierno a derogar el permiso de exploración a la minera Yanacocha.
Miles de campesinos, el alcalde y ediles regionales ocupan la plaza central de la ciudad. El ministro de Energía y Minas (MEM) informa que la empresa suspenderá por un año los trabajos, pero declara que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto el permiso.
El vienes 10 de setiembre, los trabajadores del Poder Judicial ponen fin a la huelga nacional que mantenían desde hace 58 días, tras acordar con el Consejo Ejecutivo y la Gerencia General del Poder Judicial una bonificación de 1.000 soles por única vez y otro bono por un monto a establecer igual al 25% de la planilla, a cobrar en 2005.
En setiembre del 2004 , según el diagnóstico presupuestal del sector Interior elaborado por la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, el presupuesto era 43% inferior a las necesidades del sector .
La Partida Especial para la Defensa Nacional( $ 150 millones )
Así el “Código 2” ( ex Policía de Investigaciones ) volvía al comando policial , después de muchos años, situación que no a dudarlo , despertó celos profesionales y preocupación en los otros códigos ( ex Guardia Civil y ex Guardia Republicana).
El general Murazzo , además de conocer las técnicas de lucha contra el crimen organizado era doctor en derecho . Uno de los grandes retos que tenía al frente era disminuir los altos índices delictivos y modernizar la policía para ponerla a las alturas de las mejores policías del mundo.
Era conciente de que no contaba con mucho tiempo para hacer los cambios en la policía y que cada día que pasaba ante los preocupantes índices elevados de criminalidad en nuestro país, iba a estar sometido a una constante presión para dar resultados o terminar sólo en un “bombero” ( apagador de incendios) , como muchos directores generales que llegaron, disfrutaron del poder, vieron y lego se fueron sin pena ni gloria .
La percepción del ciudadano era que prácticamente la delincuencia había tomado las calles y existía en el ambiente una sensación de inseguridad ante los secuestros y asaltos que cada día se convertían en algo rutinario con el desmedro de la imagen institucional..
Existe un premisa: cualquier reforma policial debía apuntar a mejorar las condiciones de vida y darles tratamiento especial a la falta de competitividad y productividad, desmoralización , desconfianza de la población con relación a la policía, las remuneraciones y el débil sistema administrativo y operativo.
Los principales retos que tenía frente a sí el nuevo Director General de la Policía Nacional eran reiniciar la reforma policial que había quedado trunca debido a que el ex ministro del Interior , Fernando Rospigliosi , la desvió en su verdadera esencia , alejándola de sus objetivos : modernizar la institución en el aspecto normativo , doctrina policial , estructura orgánica, selección , instrucción, salud y bienestar, evaluación del personal , participación y control democrático, gestión y administración de recursos logísticos, reingeniería de los procesos y procedimientos policiales, sistema de recursos humanos, tecnología informática , telecomunicaciones y transporte.
Uno de las principales tareas para toda reforma policial es elaborar el diagnóstico situacional de la Policía Nacional debido a que actualmente no existe. Al no contar la policía con un diagnóstico actualizado se torna difícil trazar los objetivos, estrategias , metas y las actividades .
La modernización de la policial debía enfocarse en cuanto al marco normativo , doctrina , organización policial, procesos de selección , instrucción, salud y bienestar, evaluación del personal en funciones, sistemas de participación y control democrático, gestión y administración de los recursos.
La doctrina policial debía tener como eje la ciencia y tecnología policial , la adopción de valores democráticos, el respeto a la ciudadanía, la plena observancia de las leyes, la protección permanente de los derechos humanos , la competitividad y productividad policial y la transparencia en el manejo de los recursos y respeto de la dignidad del policía.
La idea era convertir la institución en más ágil, flexible, descentralizada , dirigida con criterios gerenciales , proactiva, creativa , innovadora, explotación racional y transparente de los escasos recursos logísticos, tecnológicos, actualizando los instrumentos legales que garanticen jurídicamente su intervención policial.
Promover la figura del policía comunitario, estrechamente vinculada al ciudadano, que goce de un alto grado de aceptación y confianza ciudadana, que mantenga la naturaleza civil de su función, con una estructura jerarquizada que asegure su disciplina y el oportuno cumplimiento de las normas operativas.
Dignificar la función policial y al policía, dándole un trato justo, equitativo, transparente , empezando por erradicar las irregularidades en los ascensos y cambios de colocación.
Combatir la discriminación evidente y escandalosa en las felicitaciones, la falta de equidad en el otorgamiento de incentivos al personal PNP.
Aún persistía algunos criterios de compensación sólo a la labor operativa, olvidándose de otras áreas como la administración, criminalistica e instrucción.
A esta situación, se sumaba la permanente subestimación, escasa valoración y desmotivación del personal a la trascendencia de la labor que realiza, como pieza fundamental en el engranaje institucional y la importancia de cada uno de los integrantes de la institución.
Había que buscar fórmulas innovadoras que permitan que el policía tenga el mejor nivel de vida , bienestar y salud.
Buscar solución a los problemas que se derivan de una inadecuada racionalización y rotación del personal, como son el excesivo tiempo de permanencia en una unidad o en una provincia, la falta de recursos económicos para el cobro de los viáticos, la asignación a una unidad incompatible con su especialidad, el retraso en los ascensos, la percepción fundada o no de arbitrariedades en la imposición de sanciones o procesos judiciales.
Encontrar solución a la falta de una adecuada asignación del personal en las unidades de acuerdo a las especialidades; asignación que se hace sin tomar en cuenta su especialidad, limitando el desarrollo de sus potencialidades, afectando el servicio y consecuentemente resultando implicado o investigado en procesos administrativo / disciplinarios o judiciales.
Lograr productividad y competitividad en el personal policial. Algunos Oficiales y gran parte del personal de suboficiales, en el convencimiento de tener una estabilidad laboral asegurada en la Institución, no cumplen a cabalidad con su labor asignada, o lo realiza en forma rutinaria, con indiferencia y falta de responsabilidad, además de demostrar cierta resistencia al cambio. Esta actitud no solo afecta su desarrollo profesional sino también la del instituto y por ende el servicio policial.
Alcanzar una adecuación ocupacional para estimar el grado de compatibilidad entre la calificación de los policías y la ocupación que ejercen.
Este indicador apuntaría a ser un orientador para las escuelas formadoras de los policías y su objetivo sería identificar los niveles de formación con las ocupaciones agrupadas por niveles de complejidad pues así se identifica los desajustes.
Planificar el desarrollo organizacional e incremento de efectivos de la PNP en corto y mediano plazo, manteniendo una relación directamente proporcional entre una estructura piramidal de las diferentes jerarquías y grados, las cantidades necesarias de personal, la asignación del empleo adecuado de acuerdo a su formación, capacitación y habilidades, y las necesidades del servicio que presta a la comunidad, en concordancia con la legislación vigente.
Planear una estrategia de incremento sostenido de los efectivos de la Policía Nacional, en el corto, mediano y largo plazo, resolviendo los problemas legales que demande su aplicación, en función de elevar la calidad del servicio y la cantidad de personal PNP para satisfacer las necesidades de Seguridad de la población.
Elaborar los perfiles profesionales y ocupacionales y una base de datos de talentos y capacidades.
Convocar a proceso de admisión de personal profesional, técnico y auxiliar que conforman las categoría de oficiales de servicios, especialistas de servicios y personal empleado civil, para emplearlos en labores administrativas reemplazando así de esta manera al personal policial e incrementar las labores operativas.
Promover medidas preventivas policiales basadas en la capacidad de respuesta de un sistema policial que acuda en el menor tiempo posible ante una llamada de auxilio.
Desarrollar la inteligencia policial operativa en la policía especializada de lucha contra el crimen .En la lucha contra la criminalidad lo que ha dado mayor resultado es la aplicación de la inteligencia policial operativa.
Posibilitar el control ciudadano en el quehacer de la policía comunitaria y fortalecer la relación de la policía con las organizaciones comunales.
Buscar solución de manera inteligente con respecto a la policía que custodia los 33 penales para un retiro que evite su contaminación con la corrupción y destinarlos a seguridad ciudadana .
Mejorar la gestión de los sistema de recursos humanos.
Modernización de los sistemas de telecomunicaciones e informática.
Optimizar el servicio que se brinda a la ciudadanía priorizando la seguridad ciudadana y eliminando toda función que no esté centrada en esta tarea principal.
Moralización a través de la transparencia y rendición de cuentas para terminar con la cultura del secreto en las compras y trato con proveedores.
Potenciación de la contrainteligencia para extirpar a los malos elementos corruptos de la policía y finalmente, reinsertar a la policía en la vida democrática del país, quitándole todo rezago de militarismo y evitando que caiga en la manipulación política .
Todos estas medidas eran necesarias para modernizar la policía , ponerla a las alturas de las mejores policías del mundo, reiniciar la reforma policial , convertir a la policía en competitiva y productiva , levantar su moral y dignidad y superar la desconfianza la población con relación al servicio que brinda y la existencia de policía implicados en bandas de plagiarios; además de mejorar el débil sistema administrativo, bajar los altos niveles de delincuencia común y crimen organizado que golpeaba Lima con secuestros, asaltos y asesinatos.
El nuevo director general de la PNP contaba con una ventaja a su favor , principalmente para luchar contra el delincuencia y el crimen organizado: procedía de las filas de la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP) , una institución con amplia experiencia en la lucha contra el delito y era un "policía operativo", había luchado contra el terrorismo y contra la delincuencia . No como muchos policías que llegan a los grados superiores cargándole el maletín al jefe como ayudantes o siempre dando vueltas por relaciones públicas, inspectorías, unidades logísticas o administrativas donde no se arriesga nada pero si mantienes la hoja de servicios limpia de castigos o sanciones o denuncias que se ganan los oficiales "operativos " que están en lucha constante con el crimen en sus múltiples facetas.
Otro reto que tenía el general Murazzo era acabar de una vez con la inacababa integración policial que hacía que cuando llega un general de determinado código ( ex GC, ex PIP o ex GR) al comando , se rodean de amigos y "queridos " de su mismo código y desplaza o margina a los otros códigos.
El 6 de junio 2004, Sendero Luminoso siempre nos recuerda que aún ex con una emboscada en Aguaytía , ocasionando la muerte de un marino y dos policías. Se llevaron tres fusiles y dos pistolas. Y, como se ha hecho costumbre, los representantes del gobierno de aquel entonces , comentan a los medios que son "rezagos" del terrorismo y que no hay que preocuparse . Al final, le echan la culpa a los muertos por no haber tomado todas las medidas necesarias para evitar que los embosquen o maten .
El 2 de Julio 2004, en la ciudad de Huamanga suceden enfrentamientos entre policías y pobladores, asaltos de locales públicos y privados, así como ataques a diversos vehículos. Todas estas acciones dejan como secuela , 40 heridos y 30 detenidos. El detonante fue el desalojo de un grupo de maestros de la facción extremista liderada por Robert Huaynalaya, que habían tomado el local municipal y la sede de la unidad de gestión educativa.
Al conocerse de la intervención policial, la población se solidarizó con los maestros en huelga y salió a protestar, mientras el Frente Regional de Defensa de Ayacucho decretó huelga indefinida. Todo comenzó cuando un contingente policial recuperó las sedes que fueron tomadas por los profesores.
Más de diez mil manifestantes tomaron la plaza de armas de Huamanga. La policía intentó controlar a la multitud y de inmediato se desató una batalla campal, llegando incluso en algunos casos a enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Entre los 40 heridos estaban diez policías.
El caso de la doctora María Teresa de la Cruz, acusada de pertenecer a Socorro Popular de Sendero Luminoso adquiere relevancia .
Cano fue detenida en 1995 y acusada de participar en una operación reconstructiva de mano de un supuesto terrorista de Sendero Luminoso. En 1996, un tribunal sin rostro la condenó a 20 años de prisión por colaboración con el terrorismo. A raíz de la anulación de las sentencias por subversión, el caso se reabrió y se ventila en el Cuarto Juzgado de Terrorismo.
Esta mujer ocasiona un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) en contra de los nuevos juicios por terrorismo y su caso es evaluado por la Corte de San José, se escucha en audiencia pública los alegatos finales orales de la CIDH, de los representantes de la presunta víctima y del Estado.
El 11 de junio del 2003 la CIDH presentó una demanda contra el Perú por supuestas violaciones a los derechos humanos de De la Cruz Flores, a partir de su sometimiento "a un proceso penal por el delito de terrorismo" y la Comisión exigía que se declare que se violó la Convención Americana porque no había garantías para un debido proceso. De la Cruz fue condenada a 20 años de prisión por un tribunal civil sin rostro por haber asistido a una operación reconstructiva de la mano de un supuesto subversivo en 1996.
La titular del Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo, Miluska Cano, ordenó la puesta en libertad de la doctora María Teresa De la Cruz cuyo caso iba a ser evaluado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de una demanda que la CIDH interpuso contra el Estado peruano. La magistrada decidió variar el mandato de detención por el de comparecencia al no haberse acreditado fehacientemente que la acusada formaba parte de Socorro Popular, de Sendero Luminoso. La doctora abandonó el penal Santa Mónica de Chorrillos luego de ocho años de reclusión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica resolvi’o no dictar sentencia contra el Estado peruano por el caso de la pediatra María Teresa De la Cruz, acusada de pertenecer a las filas de Sendero Luminoso debido a que la Corte de San José ha visto con buenos ojos la orden de libertad dictada a favor de la acusada por el Poder Judicial peruano. Sin embargo, si bien no habrá ninguna sanción, el órgano interamericano sí se pronunciaría en el extremo legal de la reparación civil en favor de De la Cruz. Alberto Aguirre, defensor del Estado peruano sobre la resolución de la jueza antiterrorista Miluska Cano que dispuso el cambio de la orden de detención por la de comparecencia, al no haberse acreditado la responsabilidad de De la Cruz en el transcurso de las investigaciones.
La defensa de María Teresa De la Cruz presentó un recurso de excepción de naturaleza de acción (archivamiento), alegando que los presuntos ilícitos que se le imputan no constituyen delito. Si la solicitud era acogida, el caso sería archivado. Era importante recordar que a De la Cruz se le acusaba de haber asistido con una operación reconstructiva de mano a un supuesto subversivo.
El 7 de Julio los cocaleros del valle del Monzón liderados por Iburcio Morales Baltasar llegaron a Huánuco para realizar un mitin de concentración que contó con la participación de más de tres mil agricultores, en el inicio de su denominada "marcha de sacrificio" que concluirá en Lima. Los cocaleros marcharon por las principales calles de esta ciudad acompañados de sus esposas e hijos portando grandes pancartas en las que exigen al gobierno la desactivación de DEVIDA, la propuesta de desarrollo alternativo además del retiro de las ONG.
Iburcio Morales dirigió la marcha hasta la sede del gobierno regional que preside Luzmila Templo en donde, según manifestó, recibió apoyo de la presidenta para llevar sus reclamos a Lima. Agregó que la protesta tiene el propósito de exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 13 de mayo, "porque hasta la fecha no hubo respuesta alguna del gobierno". Añadió que entre los acuerdos se incluyó el cronograma de viajes de representantes del gobierno para visitar las principales zonas productoras de hojas de coca en el valle del Apurímac, pero que hasta la fecha ninguna se había realizado.
Las investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre del 2000 comenzaron a dar sus primeros frutos. Un Informe de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público llegaba a la conclusi’on que el 30% de los 118 internos que murieron en la operación de debelamiento del motín en el penal El Frontón, ocurrido en junio de 1986, fueron abatidos por disparos de bala. El jefe del IML, Luis Bromley Guerra, precisó que de ese porcentaje alrededor de 12 presentan impactos de proyectil en diversas partes de la cabeza, ya sea en la región frontal, parietal, occipital y temporal. "Los disparos fueron efectuados a larga y corta distancia", precisó. Añadió que otro 30% falleció por politraumatismos, un 20% por aplastamientos (les cayó paredes de pabellón) y el restante pereció por efecto de las explosiones de dinamita que hicieron las fuerzas policiales y militares para tomar el penal.
Casi once meses después de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) terminara su mandato y entregara al Ministerio Público 47 casos susceptibles de ser judicializados, se ha identificado a 1.163 presuntos responsables de crímenes contra la humanidad, reveló la Defensora del Pueblo para casos de derechos humanos, Rocío Villanueva.
El nuevo Código Procesal Penal (CPP), promulgado por el Presidente Alejandro Toledo durante su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio, gener’o malestar en la Policía Nacional del Perú (PNP).
Para el inspector general de la PNP, general Marco Miyashiro, la flamante norma no contribuirá a la lucha contra la delincuencia, porque -según dijo- le resta atribuciones a los efectivos policiales.
Por su parte, el ex director de la PNP general Eduardo Pérez Rocha aseguró que con la promulgación del nuevo Código Procesal Penal los efectivos policiales se sienten desmoralizados, ya que sienten que "quieren desaparecerlos". Más categórico y enfático aún fue el ex subjefe de la Dircote coronel Benedicto Jiménez, quien aseguró que con esta medida "se está canibalizando a la Policía".
Para facilitar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), el Ministerio de Justicia (MINJUS) iba a realizar las coordinaciones necesarias con el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, a fin de asegurar su implementación y entrada en vigencia el 1 de febrero del 2006, precisó el titular del sector, Carlos Gamarra, quien adelantó que se iba a iniciar el Programa Asistencia Legal Gratuita (Alegra). Aseguró que el Gobierno brindará el apoyo requerido para la ejecución del nuevo texto legal regulado por el Decreto Legislativo Nº 957, que propugna una verdadera reforma de la justicia procesal penal basada en la separación de funciones de investigación y juzgamiento; mayor celeridad de los juzgamientos y eficacia en la lucha contra la delincuencia. Detalló también que durante su gestión se enfatizará el fortalecimiento del sistema anticorrupción. En esa perspectiva, comentó que el sector Justicia publicó recientemente el anteproyecto que crea el Consejo de Defensa del Estado, a fin de recibir los aportes de la ciudadanía.
El 6 de agosto, el Ejército chileno realizó un "juego de guerra" al norte de Iquique con despliegue de tanques y la presentación de sus nuevos carros blindados, en lo que la prensa chilena calificó como "una señal disuasiva hacia Perú".
El diario La Tercera de Chile precisó que la práctica estuvo encabezada por la ministra de Defensa de ese país, Michelle Bachelet, y el comandante en jefe del Ejército mapocho, general Juan Emilio Cheyre.
El ejercicio -que tuvo lugar en el desierto de Iquique y que fue presentado por el titular de la VI División, mayor Javier Iturriaga- tuvo como finalidad mostrar sus nuevos carros blindados, enfrentándose a una hipotética coalición de dos países enemigos, uno de los cuales tenía "una aspiración de acceso al mar para poder exportar sus reservas de gas".
Por otro lado, el canciller peruano, Manuel Rodríguez Cuadros, aseguró que la política exterior del país sobre el tema de la delimitación marítima es consistente y firme. Además, consideró de "muy mal gusto" el ejercicio militar de Chile que concibe un enfrentamiento con una coalición de dos países, con clara alusión al Perú y Bolivia.
La política de Washington para combatir el TID es un fracaso
El zar antidrogas de Estados Unidos John Walters admite que la política de Washington para combatir el tráfico ilegal de estupefacientes en América Latina no había funcionado como esperaban. y que los miles de millones de dólares invertidos a lo largo de muchos años, habían fallado en su intento de frenar el flujo de cocaína producida en América Latina en las calles de EEUU. Pero , a pesar de lo dicho, el funcionario estadounidense mantenía la esperanza de que esto iba a cambiar en los próximos meses porque se esperaba una reducción de la cocaína disponible en el mercado negro de esa nación norteamericana.
Perú y Estados Unidos mantienen una programación para reanudar los vuelos de interdicción aérea contra el narcotráfico en la selva peruana, aunque todavía sin fecha definida, informó el canciller Manuel Rodríguez Cuadros. EEUU suspendió en abril del 2001 su cooperación aérea con nuestro país, tras el derribo de una avioneta en la que viajaban misioneros norteamericanos.
Recorte de la ayuda militar al Perú
Estados Unidos de Norte America , a trav’es de su embajador estadounidense en el Perú, James Curtis Struble, amenazaba que en breve entrará en vigencia un recorte de la ayuda militar que Estados Unidos brinda a varios países latinoamericanos . El Perú se encuentraba entre ellos. La razón era por no haber firmado un acuerdo con EE.UU con la finalidad de no denunciar a sus soldados ante la Corte Penal Internacional en la eventualidad de crímenes de lesa humanidad que pudieran cometer. El matador Norte Americano aseguraba que sólo se trataba de una restricción a una parte de la ayuda militar para capacitación, cercana a los dos millones de dólares al año.
Añadió que este recorte no comprendía la ayuda para los programas de desarrollo (como las actividades antidrogas), la cual se elevaría a 160 millones de dólares anuales.
Por su parte, el congresista Luis Gonzales Posada (Apra) manifestó que se ha aprobado un proyecto de enmienda en la Cámara de Representantes que podría elevar el recorte a un monto entre los ocho y diez millones de dólares, al incluir parte del fondo de asistencia económica de AID. En ese sentido, destacó la posición principista, correcta y de compromiso con los derechos humanos del Perú al no haber firmado este acuerdo con EE.UU.
Después el embajador norteamericano en el Perú, James Curtis Struble, confirma que su país había recortado la ayuda militar por US$ 1,5 millones a las FFAA peruanas pero negó que la medida sea una represalia contra el gobierno peruano por haberse negado a firmar un acuerdo de inmunidad penal a favor de las tropas norteamericanas.
Curtis explicó que la reducción de la ayuda fue decidida por la Casa Blanca en julio del año pasado, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el 2002.
La norma prohíbe la entrega de ayuda militar a los países que no eximan a los estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). El diplomático admitió que el recorte de estos fondos afectará el entrenamiento de las tropas peruanas por instructores estadounidenses y el mantenimiento de los equipos y maquinarias militares. Sin embargo, indicó que el monto representa un porcentaje mínimo frente a los US$ 166 millones de ayuda total que Estados Unidos otorga al Perú anualmente.
El conflicto minero del Cerro Quilish
El 2 de setiembre , 3 mil campesinos toman el cerro Quilish (principal planta de agua potable de Cajamarca), exigiendo que se le anule a la concesionaria Yanacocha el permiso de exploración minera en esa zona. Se enfrentan a 300 policías, a quienes hacen retroceder más de 1 km. De este enfrentamiento, 5 campesinos y 7 policías resultan heridos y 21 personas son detenidas.
Notificado de la intentona campesina el contingente policial con refuerzos de Chiclayo pernoctó en la zona del Quillish, pero con las cosas empeoraron cuando unas 30 camionetas de Minera Yanacocha fueron destrozadas por los manifestantes. Conforme avanzaban para apoderarse de la zona donde se realiza la exploración, eran repelidos por las fuerzas del orden.
El conflicto desatado hace unos años por la explotación del Quillish por Minera Yanacocha, rico en oro según las evidencias técnicas, tuvo su punto más álgido cuando unos 300 policías se vieron obligados a usar gases lacrimógenos para dispersar a alrededor de tres mil campesinos, quienes con piedras y palos intentaron por todos los medios instalarse en lo que consideran el colchón acuífero de Cajamarca.
Los campesinos mantenían bloqueados además 25 km de la carretera a Bambamarca, mientras que alrededor de 1.500 campesinos continúan bloqueando la carretera Cajamarca-Bambamarca, un grupo de campesinos desvía las aguas que alimentan la planta de agualocal, dejando desabastecida a la ciudad de Cajamarca. Dieciocho campesinos detenidos un día atrás quedan en libertad.
El lunes 6, la minera Yanacocha decide suspender provisionalmente sus actividades de exploración de oro en el cerro Quillish, para iniciar estudios de impacto ambiental.
El congresista cajamarquino Luis Guerrero pidió a los campesinos retornar a la tranquilidad. Añadió que pedirá al ministro del Interior, Javier Reátegui Rosselló, un informe detallado de lo sucedido y demandó la formación de una comisión multipartidaria en el Congreso.
El 8 de setiembre, los habitantes de Cajamarca comienzan un paro provincial indefinido, tras la negativa del gobierno a derogar el permiso de exploración a la minera Yanacocha.
Miles de campesinos, el alcalde y ediles regionales ocupan la plaza central de la ciudad. El ministro de Energía y Minas (MEM) informa que la empresa suspenderá por un año los trabajos, pero declara que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto el permiso.
El vienes 10 de setiembre, los trabajadores del Poder Judicial ponen fin a la huelga nacional que mantenían desde hace 58 días, tras acordar con el Consejo Ejecutivo y la Gerencia General del Poder Judicial una bonificación de 1.000 soles por única vez y otro bono por un monto a establecer igual al 25% de la planilla, a cobrar en 2005.
En setiembre del 2004 , según el diagnóstico presupuestal del sector Interior elaborado por la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, el presupuesto era 43% inferior a las necesidades del sector .
La Partida Especial para la Defensa Nacional( $ 150 millones )
En setiembre , el gobierno empieza a lanzar la información sobre la creación de una partida especial o fondo permanente para la Defensa Nacional , con un aporte inicial de 40 millones de dólares por lo cual s e presentaría un proyecto ante el Congreso .
El fondo empezaría a operar el 1 de enero de 2005 y del monto global, el 82 por ciento se entregará al sector Defensa, mientras que el 18 por ciento restante se derivará al Ministerio del Interior.
El fondo llegaría a US$ 150 millones y se crearía de dos fuentes: los recursos de Petroperú y los ingresos que se produzcan por la explotación del gas de Camisea.
El objetivo era renovar y repotenciar los equipos de las FFAA y PNP de acuerdo a un programa racional previamente elaborado por Defensa , recogiendo el diagnóstico de los institutos armados sobre la situación real del material bélico que manejaban y de los que necesitaban repotenciar con urgencia .
Dentro del programa estaba que las compras de equipos militares o repuestos iban a ser centralizados desde el Comando Conjunto de las FFAA, lo cual significaba se anulaba toda compra individual .
El 8 de octubre, el Presidente Toledo señaló que este fondo permanente de Defensa Nacional en sus inicios alcanzaría los US$ 40 millones y que el fondo obtendrá el 20% de las regalías que perciba el gobierno por el lote 88 de Camisea, en el 2005. Esta cifra se incrementará a 40% a partir del 2006, según el proyecto. También recibirá el 30% de las regalías por la explotación del Lote 56 de Camisea.
Dentro de las FFAA el fondo será repartido en un 27% para el Ejército, 27% para la Marina, 28% para la Fuerza Aérea, y 18% para la PNP. De acuerdo con la propuesta, el 82% de dicho fondo será destinado a las Fuerzas Armadas, mientras que el 18% restante irá a la Policía.
El financiamiento inicial, que debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2005, será de US$ 25 millones provenientes del pago de la contraprestación por la adjudicación del proyecto Las Bambas, Apurímac.
La estrategia legal de SL
Terroristas presos de Sendero Luminoso en las dos últimas semanas de setiembre presentan ante juzgados y salas del Poder Judicial , 250 recursos de hábeas corpus exigiendo su libertad. Habían entre los demandantes , simples militantes encarcelados en Castro Castro y Chorrillos , hasta cabecillas como Abimael Guzmán, preso en la Base Naval del Callao.
Los senderistas no cuestionan la nueva legislación antiterrorista dictada por este gobierno, más bien reclamaban que el plazo de su detención se ha excedido sin que haya sentencia, por lo cual dicen que deben ser excarcelados.
Sustentan sus exigencias de libertad en una sentencia de la Corte de San José, expedida el 12 de noviembre de 1997, relacionada al caso del ciudadano ecuatoriano Rafael Iván Suárez Rosero; asimismo, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumida en el caso del peruano Wilson García Asto, expedida el 12 de marzo del 2004, quien fue absuelto y liberado hace unas semanas por la Sala Nacional de Terrorismo; en ambos casos, los fueros supranacionales señalaron que el cómputo del plazo de detención rige desde el momento en que fueron arrestados por la Policía. Los presos argumentaban que el plazo de detención previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal, de 36 meses como máximo, en sus casos, había vencido , pues están recluidos más de 10 años.
El coronel (r) Benedicto Jiménez denunció que el jefe de la banda terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, pretende usar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salir en libertad. Explicó que por eso, Guzmán y su cúpula han acusado, a través de varios hábeas corpus, al presidente Alejandro Toledo y al titular de la Sala Nacional Antiterrorista, Pablo Talavera, alegando que violan su derecho a la libertad. “Lo que buscan es exigir su libertad alegando que están más de 12 años presos sin sentencia, lo cual excede el plazo legal de carcelería de 36 meses, según declaró a la prensa local su abogado Manuel Fajardo”, señaló Jiménez a una agencia de noticias
Los cabecillas de Sendero Luminoso (SL) recluidos en diferentes penales de Lima fueron interrogados por personal del 38o Juzgado Penal de la ciudad capital, que estudia una acción de hábeas corpus mediante la cual exigen su libertad. Una fuente judicial informó que durante los interrogatorios algunos senderistas lanzaron frases intimidatorias contra el juez Wilbert Sánchez y sus auxiliares, quienes acudieron a recabar sus testimonios el jueves y viernes pasados. Trascendió que cuando los funcionarios judiciales acudieron al penal Miguel Castro Castro, fueron recibidos con arengas y cánticos subversivos que demandaban la libertad de sus líderes. El propósito de los terroristas sería presionarlos para obtener un fallo favorable. Los senderistas reclaman su excarcelación porque, según ellos, el plazo máximo de su detención de 36 meses se ha excedido y no han sido sentenciados. De otro lado, el juez Sánchez espera recabar el testimonio del presidente Alejandro Toledo, uno de los demandados por la cúpula senderista conjuntamente con los magistrados antiterroristas.
La Sala Nacional para Casos de Terrorismo absolvió nuevamente al cabecilla de Sendero Luminoso (SL) Osmán Morote del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. Según el tribunal, a lo largo de las investigaciones no se pudo demostrar que el número 2 de SL dirigió desde el penal de Yanamayo el atentado subversivo contra las instalaciones de Frecuencia Latina, en 1992. Esta absolución coincide con una ofensiva legal emprendida por los senderistas donde exigen la libertad de sus dirigentes a través de la presentación masiva de hábeas corpus. Sin embargo, la Sala Nacional para casos de Terrorismo condenó por el atentado a Canal 2 a los senderistas Benigno Villanueva Ríos con 19 años de prisión, Augusto Flores Murillo a 11 años y Alejandrina Mosquero Acevedo 11 años y 7 meses. Todos ellos deberán pagar 30 mil soles de reparación civil a favor del Estado
El congresista Alfredo Gonzáles y la agresión a varios efectivos policiales
El Ministerio del Interior denuncia al congresista Alfredo González Salazar por agredir a varios efectivos policiales durante una frustrada diligencia judicial que buscaba devolver la administración del Estadio Monumental a la constructora Gremco. El ministro del Interior, Javier Reátegui, deploró la actitud de González y su personal de seguridad, quienes empujaron y arrebataron sus identificaciones a los miembros de la PNP que acompañaban a la secretaria judicial del Primer Juzgado Civil Rosario Ludeña, quien iba a ejecutar la medida cautelar que devolvía a Gremco las áreas comunes, las puertas y el perímetro de dicho estadio.
La funcionaria judicial también fue agredida por el controvertido legislador. Esta denuncia se sumó a la demanda interpuesta por la Fiscalía por los delitos de robo agravado y obstrucción de la justicia.
El 15 de octubre, el pleno del Congreso decidió suspender solo por 60 días sin goce de haber -y no por 120 días como recomendó la Comisión de Ética- al legislador Alfredo González por su comportamiento del pasado 24 de setiembre cuando agredió a una representante del Poder Judicial y a miembros de la policía. Cuando todo hacía pensar que el congresista González recibiría la máxima sanción del parlamento apareció una propuesta del congresista Ronnie Jurado (Perú Ahora) para que su colega solo sea sancionado por 60 días sin goce de haber y no por 120 como recomendó la Comisión de Ética que preside Fabiola Morales (UN). Jurado justificó su petición señalando que la falta de González "No es de gran dimensión ya que no hubo sangre". 40 congresistas apoyaron la suspensión por 60 días mientras que 37 lo hicieron por la ejemplar sanción de cuatro meses.
Desarticulan red internacional e tráfico humano
En octubre 2004, un paciente trabajo de inteligencia de las autoridades peruanas y estadounidenses permitió la desarticulación de una red internacional dedicada a introducir ilegalmente en Estados Unidos a personas del Medio Oriente a través del Perú, Ecuador y Bolivia.
El operativo terminó con la captura de tres iraquíes en Detroit (EE.UU.) y cinco jordanos en el Perú. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que tras ocho meses de intensos operativos de búsqueda, enmarcados en el llamado "Plan Tortuga", el Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU acreditado en la Embajada de ese país en Lima y las autoridades peruanas, por medio de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) y la Policía de Extranjería de la PNP intervinieron en el tema. Los iraquíes detenidos son de nacionalidad estadounidenses y residían en Detroit. Fueron acusados por un Jurado Federal de Washington D. C bajo los cargos de Tráfico de extranjeros desde el año 2001 hasta la actualidad, para ser comercializados o esclavizados. Mientras tanto, simultáneamente en Lima se realizó el operativo que llevó a la detención del jordano Ismael Asaifini Tha'Er Omran (34). Este sujeto era el encargado de recibir, alojar y facilitar desde Lima, el viaje de los ciudadanos iraquíes hacia los EE.UU., toda vez que la cabecilla Neeran Hanna prometía a los extranjeros las visas al país norteamericano, pero indicaban que primero tenían que pasar por Sudamérica, en donde se les pedía otros pagos adicionales para las referidas visas.
El 12 de octubre 2004, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, enfrenta una acusación constitucional en su contra por haber autorizado la anticoncepción oral de emergencia en los programas públicos de planificación familiar. Esta no ha recibido gran acogida en el parlamento, generándose muestras de apoyo hacia la ministra Mazzetti. El vicepresidente de la República y congresista por Perú Posible (PP), David Waisman Rjavinsthi, manifestó su "total respaldo" a la ministra Mazzetti. Asimismo lamentó que, en este caso, se mezclen creencias religiosas con los resultados científicos. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Walter Albán, consideró que la Ministra ha procedido de manera correcta al disponer el acceso de los más necesitados al mencionado fármaco. Mazzetti ratificó la implementación de la ‘píldora’ en los programas públicos de planificación familiar y consideró la denuncia en su contra como un riesgo por ejercer un cargo público.
La sala anticorrupción "B" aumentó a seis años de prisión la condena impuesta a los ex jefes militares y policiales del régimen fujimontesinista, que entre el 13 y el 19 de marzo de 1999 firmaron y ordenaron suscribir a sus subalternos un acta de sujeción y respaldo al gobierno de Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos para garantizarse impunidad y mantenerse en el poder varios años. Han recibido condena el general EP César Saucedo Sánchez, al ex jefe de la Marina Antonio Ibárcena Amico, el ex general del aire Elesván Bello Vásquez, el ex general PNP Fernando Dianderas Ottone, el ex jefe del SIN Humberto Rosas Bonucelli y el ex asesor Vladimiro Montesinos, por violencia contra funcionarios públicos. Anteriormente fueron condenados sólo a cuatro años de prisión, pero este fallo fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría. El procurador Ronald Gamarra afirmó que con el nuevo fallo solicitará al Poder Judicial la degradación pública de los militares por haber obligado al personal a su mando a firmar el acta de sujeción. Indicó además que estos personajes que permanecen con comparecencia y arresto domiciliario deberán pasar a prisión a cumplir la condena.
El documento firmado por los oficiales tenía el nombre de Acta de Sesión Especial Nº 05 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Policía Nacional y elementos del SIN. Al firmarlo, los militares ratificaron el respaldo de las Fuerzas Armadas al autogolpe del 5 de abril de 1992 y cada uno de los firmantes se comprometía, en ese momento, a respaldar la Ley de Amnistía a favor del Grupo Colina y las violaciones de los derechos humanos, así como respaldar a los entonces jefes militares ante cualquier denuncia contra ellos por corrupción.
El voto policial y militar
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprueba el proyecto de ley que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ejercer su derecho a voto desde las próximas elecciones locales y regionales del año 2006. La propuesta contó con nueve votos a favor, ninguno en contra y la abstención del congresista Javier Diez Canseco, quien dijo no estar de acuerdo con el procedimiento seguido para proceder a la reforma constitucional para este objeto. Cabe resaltar que la referida iniciativa establece que los militares y policías no podrán postular a cargos públicos ni participar en actividades proselitistas.
La conspicua represente ante de la “prensa piraña” , Cecilia Valenzuela denuncia que el gobierno está utilizando al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa para destruir la credibilidad de su persona y del programa periodístico que conduce. Señaló que una entidad privada como ésta se ha convertido en la “mesa de parte del gobierno” al afirmar que a los periodistas que apoyan al gobierno los tratan con delicadeza y condescendencia, mientras a los que investigan la corrupción existente los hostilizan.
La penetración económica chilena y los “entreguitas” peruanos
Sorpresivamente y violando el Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia para permitir que la empresa de capitales chilenos Lan Perú continúe operando.
Esta desesperada medida anula la resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicada en la mañana que ordena el cese de operaciones de la referida compañía. El juez de Arequipa, Eloy Zamalloa, calificó el hecho como un “pequeño golpe al Estado de Derecho”. La resolución autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a expedir excepcionalmente nuevos permisos de vuelo a aquellas compañías suspendidas por causales que no están contempladas en la Ley de Aeronáutica Civil, la misma que fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial “El Peruano” pasadas las 21:30 horas. Coincidentemente, Lan Perú solicitó un nuevo permiso en horas de la tarde del día anterior.
El primer ministro Carlos Ferrero indicó que la emisión de este decreto responde a que el Presidente Alejandro Toledo es consciente de que un servicio público no puede ser interrumpido de “manera intempestiva haciendo daño a los exportadores y a todos los que de una u otra manera necesitan el transporte”. Asimismo, desmintió que esta medida se haya dado para no acatar la medida dispuesta por el juez del Cuarto Juzgado de Arequipa, Eloy Zamalloa, de paralizar las acciones de Lan Perú, explicó que la intención fue no interrumpir un servicio público de tal trascendencia.
El movimiento cocalero
Más de mil cocaleros tomaron el complejo administrativo de la central hidroeléctrica de San Gabán, en protesta por la erradicación de cultivos de coca que realizan efectivos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la DEA en la zona selvática de la provincia puneña de Carabaya. Como consecuencia de estos enfrentamientos murieron tres pobladores y otros nueve resultaron heridos.
Quinientos cocaleros se apostaron en los alrededores de la puerta de ingreso, luego llegaron 500 más y tras rodear las instalaciones de la central hidroeléctrica treparon los muros para tomar el campamento de Achuane, principal represa de agua de la central.
Al verse invadidos, el personal de seguridad de la empresa y los efectivos policiales emplearon sus armas de fuego para desalojar a los campesinos, pero sus intentos fueron en vano, debido a que los agricultores lograron tomar la central tras una hora de disputa.
En el enfrentamiento fallecieron por heridas de bala Florencia Quispe Coaquira (36), José Sonco Palomino (40) y Wilber Campos, en tanto que otros cinco campesinos resultaron heridos.
Asimismo, cuatro policías fueron heridos, uno de los cuales está grave. Entre los cocaleros heridos que pudieron ser identificados figuran: Elesbán Cano Díaz (64), Aurelio Quispe Larico (34), Víctor Arce Sonco ( 58), quienes fueron trasladados al hospital de apoyo de Macusani. Allí los médicos confirmaron que uno de ellos presenta herida de bala en el rostro, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado. Enfurecidos por lo ocurrido, los campesinos tomaron en rehenes a tres policías, pero los dejaron en libertad con la condición de que el gobierno suspenda la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona. Por otro lado, el gobierno declaró en estado de emergencia por 30 días los distritos de Antauta y San Gabán, mediante un decreto supremo que empezó a regir ayer mismo.
El gobierno prorroga el estado de emergencia en las provincias de Huanta yLa Mar, en Ayacucho; Tayacaja, en Huancavelica; La Convención, en Cusco; yConcepción y Acobamba, en Junín. Dispone también que las Fuerzas Armadasasuman el control interno.
En diciembre (3) Rectores de las principales universidades públicas del país, entre ellos el presidente de la ANR, y más de 5 mil docentes universitarios, marchan al Congreso para exigir que se cumpla el artículo 55 de la Ley Universitaria, el cual establece que los sueldos de los profesores deben ser homologados con los de los magistrados del Poder Judicial.
Los 4 mil trabajadores de la empresa minera estadounidense Doe Run Perú y unos 20 mil campesinos de La Oraya comienzan un paro de 48 hs y bloquean a carretera central de ingreso a La Oraya, Huancayo, Huancavelica,Ayacucho, Tarma, Huanuco, Tingo María y Pucallpa, para pedir al MEM que dé más tiempo a la empresa para reducir las emisiones tóxicas.
El 19 de octubre del 2004, el ex jefe de la policía nacional, teniente general PNP® Fernando Dianderas Ottone , es recluido en el penal San Jorge para que cumpla la condena de seis años de prisión por haber ordenado a sus subalternos firma el acta de sujeción a Montesinos . Hasta ese momentos gozaba de detención domiciliaria.
Con un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional realizó entre el 16 y el 24 de noviembre del 2004, el Operativo “VRAE 2004” logrando destruir un total de 212 laboratorios rústicos en el valle del río Apurímac-Ene. En total se neutralizaron aproximadamente 3,375 kilogramos de Pasta Básica de Cocaína.
La acción que abarcó las localidades de Pichihuilca, Hilares, Pampapampa, Tahuantisuyo, Quintiarina, Los Angeles, Palestina Alta y Maquete, ubicados en el Valle del Río Apúrimac y Ene fue ejecutada con la participación de 42 efectivos de la DINANDRO y el apoyo de seis helicópteros tipo UH-1H, además de contar con la presencia del tres representantes del Ministerio Público.
La asonada nacionalista de Andahuaylas
El sábado 1 de enero 2005 amanece con la toma de la Comisaría de Andahuaylas por parte de 150 reservistas armados del Ejército en la región andina de Andahuaylas, sudeste de Perú, exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Toledo.
El asalto a la comisaría fue liderado por el mayor retirado del ejército Antauro Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, una agrupación considerada ultranacionalista.
Andahaylas , con unos 30.000 habitantes, está considerada como de las provincias más abandonada por los gobiernos de turno, el 65,4% de los pobladores son pobres, incluido un 36,9% que está bajo la línea de la extrema pobreza.
Esas cifras -sumadas a otras referidas a todo Apurímac-, como las que señalan que el 60% de la población carece de servicios públicos y que el 42% es analfabeta, además de factores como que la casi totalidad de los habitantes pertenece a las eternamente postergadas comunidades quechuas y buena parte de los vecinos se solidarizaron con las posiciones mesiánicas del Movimiento Etnocacerista.
Los rebeldes peruanos que ocuparon desde el sábado 1 de enero 2005 la comisaría , depusieron sus actitud el 4 de enero , entregando sus armas . Habían mantenido 17 rehenes en su poder y en el asalto perdieron la vida cuatro policías.
El líder etnocacerista y su hermano, Ollanta Humala, que tiene el mismo rango militar, participaron en el año 2000 en una sublevación contra Fujimori, quien renunció a la presidencia de Perú ese año acosado por un escándalo de corrupción.
Antauro Humala afirmó al tomar la comisaría de Andahuaylas que tenía como objeto lograr la renuncia del presidente Toledo, pero analistas políticos han señalado como un "detonante" de esta rebelión el pase a retiro de Ollanta Humala, decidido la semana pasada.
El presidente Toledo , apenas sucedió el asalto y la toma de la comisaría de Andahuaylas, declaró el estado de emergencia por 30 días el departamento de Apurímac, jurisdicción dentro de la que se encuentra Andahuaylas.
La declaración de la emergencia supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el arresto sólo por mandato judicial.
El movimiento de Humala propugnaba la fundación de una "nueva república" fundamentada en ideas nacionalistas inspiradas en el legado cultural de los Incas y en la admiración por el héroe de la guerra con Chile (1879-1883) y ex presidente de Perú, Andrés Avelino Cáceres, y es partidario de la pena de muerte.
En la etapa de negociaciones con los etnocaceristas y su líder, Antauro Humala, participó en la comisión de diálogo el director general de la PNP, Félix Murazzo, destacando por sus cualidades de buen negociador y atinada intervención que culminó con la detención del líder rebelde, cualidades les iban a servir más tarde para su nombramiento como ministro del Interior .
En un año de gestión es poco lo que puede hacer un director general de la PNP, apenas estaba diseñando la modernización de la policía el Doctor Félix Murazzo cuando es nombrado ministro del Interior en un ministerio que tenía un déficit de 43% en su presupuesto y el 96% del presupuesto estaba orientado al pago de remuneraciones y pensiones, la PNP no podía cumplir con las asignaciones por tiempo de servicios, sueldos de cesación y asignaciones por combustible , entre otros. La última compra de municiones y explosivos databa de 1999, para el rubro de inversiones y otros gastos de capital , de los S/ 197 millones solicitados , solo S/ 6 millones fueron aprobados.
El presupuesto aprobado para el 2005 era el más bajo en lo que va del gobierno de Toledo. 571 millones de soles sumaban los compromisos y las deudas de la Policía Nacional del Perú . Y, 394 millones de soles correspondían a deudas con su propio personal, el resto era con los proveedores.
Ministro del Interior, Teniente General PNP (r) y Dr. Felix Murazzo Carrillo
Al Dr. Féliz Murazzo lo tumbó la Izquierda Caviar que nunca aceptó de buen grado que un policía honesto dirija el Ministerio del Interior y las “serpientes de larga memoria”, aquellas que nunca olvidan los agravios del pasado, aquellos que nunca sueltan a sus presas, quienes guardan rencor eternamente.
Una de las acciones más destacadas durante su gestión como ministro fue la lucha implacable contra ese flagelo del país que es el narcotráfico . Muchos especialistas este también fue uno de los motivos de su salida porque el país es una “narcodemocracia” en donde los audaces son sacrificados .
El 9 de junio del 2005 , en el Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE), en la zona conocida como el Caucho, muy cerca del poblado de San Gabriel, distrito del Río Tambo, Satipo, Junín, se halla un megalaboratorio de Clorhidrato de Cocaína .
Era la fábrica de droga más grande descubierta en toda la historia del Perú.
En esa oportunidad se logró capturar a unos “peones” pero nunca se supo quienes eran los capos de la droga y de la fábrica que producía mensualmente 2.5 toneladas de CC. Esta fábrica de droga estaba habitada por aproximadamente 30 personas y contaba con amplios dormitorios con servicios básicos de agua, luz y desagüe.
Esta operación denominada “Aniversario I” (toma este nombre debido a la proximidad de fechas entre la realización de esta importante acción policial y el aniversario de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO) el 26 de junio), constituyó el más duro golpe al narcotráfico y demostró la capacidad policial , superando limitaciones y dificultades , de la DIRANDRO.
Los narcotraficantes no sólo fabricaban droga sino sus propios insumos químicos, como la acetona. Se encontró sofisticada y pesada maquinaria para procesar clorhidrato de cocaína de alta pureza. Se comisó 1,149.900 kilos de droga y más de 10 toneladas en insumos químicos. El laboratorio tenía cómodos ambientes, abundante alimentación, medicinas, modernos aparatos de comunicación y armamento de guerra. Se descubrió dos nuevas mafias que operarían en el Perú: Bebe y Estrella. Con inscripciones amenazantes, mafias mantenían en “jaque” a sus integrantes.
El titular del sector Interior, declaró a la prensa que con el hallazgo del megalaboratorio en el VRAE se demostraba que la Policía Nacional ha superado sus limitaciones y dificultades al lograr la ubicación del referido laboratorio de procesamiento de droga y de insumos, el más grande hallado hasta la fecha en nuestro país.“Esto demuestra que aquí el trabajo se está realizando de manera profesional. Nunca se le había dado un golpe tan fuerte al narcotráfico en esa zona, y ahora estamos demostrando que la Policía Nacional está superando sus limitaciones y dificultades, y ha sido capaz de lograrlo”, señaló. Indicó que la zona del VRAE es la que tiene la mayor densidad de cultivos por lo que se intensifica las acciones policiales de lucha antidrogas. Estas precisiones las realizó conjuntamente con el director general de la Policía, Gral. Marco Miyashiro, y el director general de la DIRANDRO, Gral. Eduardo Montero, en conferencia desarrollada en el Ministerio del Interior.
Para conocer la magnitud de producción de insumos químicos (IQ), por ejemplo, de este laboratorio podemos comparar que en los últimos operativos de interdicción realizados por la PNP en lo que va del año se logró comisar 18 toneladas de IQ, pero sólo en este operativo se incautaron más de 10 toneladas.
La droga comisada y neutralizada está valorizada en más de 77 millones de dólares en el mercado de los Estados Unidos, en Europa en 158 millones y en Asia supera los 298 millones de dólares americanos.
Ese mismo mes, no terminaba aún el ministro del Interior de saborear este triunfo en la lucha de la TID sin parangón en la historia del país, cuando empezó una acérrima campaña de desprestigio contra él, sin dudas, había despertado a las “serpientes de larga memoria “, aliados a la izquierda caviar y la “prensa piraña”, que lo llevó a dar explicaciones al grupo de trabajo de la Comisión de Defensa del Congreso que investigó el supuesto seguimiento policial al propietario de Frecuencia Latina .
Existía la denuncia que la esposa del mandatario , Eliana Kart habría ordenado a Murazzo hacer reglaje a Ivcher luego del enfrentamiento verbal que ambos sostuvieron en abril del año pasado en la Embajada Israel.
Detrás habían hilos invisibles que manejaban esta estrategia , entre los que estaban el propietario de Frecuencia Latina , Baruch Ivcher (su intención era demostrar que era un perseguido políticamente por el Gobierno de turno y que el ministro Murazzo se encargaba de disponer su seguimiento policial por disposición de la primera dama , Eliana Kart) y aquellos que nunca le perdonaron a Murazzo haber sido parte del equipo de investigadores del Caso Villa Coca o contra el narcotraficante Reynaldo Rodriguez Nuñez “El Padrino”.
La periodista Cecilia del Pilar , Valenzuela Valencia , la más conspicua representante de la “prensa piraña”( aquella prensa que hace de la difamación y la calumnia una forma de hacer noticia y que blinca o escuda a sus amigos o queridos , no obstante la ineptitud y corrupción que hacen gala ) , amiga de un coronel que habían investigado el Dr. Félix Murazzo en la época de El Padrino ( Coronel Antonio Ketin Vidal ) por ser el presunta persona que le entregó el casette de la captura del líder terrorista , Abimael Guzmán, como primicia y que benefició a la periodista cuando en 1992, la BBC de Londres Televition, publicó las imágenes de la captura de Abimael Guzmán , tres días después de que esta se realizara.
Esta periodista que funge de “Investigadora “ y que tiene bajo su férula un minúsculo grupo de “seudos-detectives “ , consiguió dichas imágenes ( la captura de Guzmán y esos segundos cuando El Cazador le decía que no se preocupe ). En esos momentos era productora local de la BBC de Londón Televition y trabajaba con los periodistas ingleses Jhon Simpson , Edmund Malthews y Rosalind Bain.
Esto explica la razón principal por el cual la periodista soltó todo su veneno contra el ministro del Interior , como después lo haría contra el Teniente General PNP Marcos Miyashiro .
En junio 2005 , uno de sus principales colaboradores , amigo y asesor personal . Mayor PNP® Juan Gaviria, quien trabajó con él en INTERPOL , durante el gobierno de Alberto Fujimori, aseguró que Murazzo estuvo vinculado al SIN en donde se reunió con Rozas y Montesinos. Gaviria manifestó a la prensa que entre las labores encargadas a Félix Murazzo estaba la de reportar los movimientos de Baruch Ivcher y de sus colaboradores . Entonces, la periodista , Cecilia Valenzuela , en su programa , La Ventana Indiscreta difundido el domingo 26 de junio lanza esta noticia : “ el general Murazzo habría estado al servicio de Vladimiro Montesinos”.
Gaviria acusó al ministro de reportar a Vladimiro Montesinos los movimientos de Baruch Ivcher y de sus colaboradores , cuando era conveniente amedrentarlo, se emitían órdenes de captura, cuando fue el jefe de INTERPOL, utilizó esta entidad como herramienta legal para proteger lo que le convenía a Montesinos, retrazó o bloqueo la captura del astrólogo y difamador Héctor Faisal y de los hermanos José Francisco y José Enrique Crousillat. Y, que todo este trabajo lo hizo Murazzo como agradecimiento por su designación como jefe de la INTERPOL de América del Sur. Asimismo, firmaba las órdenes de captura al revés, para que no lo reconocieran.
Gavidia fue parte de esta campaña de desprestigio e utilizado por hilos invisibles con la intención de tumbarse al ministro del Interior, quien el lunes 25 de junio 2005 se presentó ante el Congreso de la República para aclarar el supuesto seguimiento que la PNP habría realizado contra periodistas y congresistas.
Féliz Murazzo aclaró en una emisora local que el término “reglaje” estaba mal empleada y que lamentablemente se había ido “asimilando en nuestro vocabulario”. Agregó, que este término viene siendo utilizado por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, y sin darnos cuenta “vamos manejando ese leguaje y le damos espacio a una organización criminal”. Lo que puedo adelantar, sobre el tema del seguimiento, es que “de mi despacho nunca saldrá una orden de ese tipo. Estoy para cumplir la ley y hacerla cumplir”, enfatizó Murazzo Carrillo.
Entre los planes que quedaron truncos del ministro del Interior , Féliz Murazzo, estaban los relacionados a la Seguridad Ciudadana . En las entrevistas la prensa , decía que la seguridad es prioridad para el desarrollo del país. “Seguridad ciudadana es compromiso de todos y que debe interiorizarse en la población”. Explicaba que las últimas acciones del sector y la Policía Nacional han significado, por ejemplo, que en Trujillo la sensación de inseguridad vaya en descenso porque se había capturado a más de 100 delincuentes comunes que cometían crimines y mantenían en caos en esa ciudad. Sobre la situación de Lima, dijo que “existe una suerte de desorden, una anomia social que explica esa sensación de inseguridad” que vive la población. Explicó que existe un plan de trabajo del ministerio. “Estamos creando mecanismos que creen juzgados de paz para delitos menores”.Anunció que en breve se inaugurará juzgados de paz en las comisarías de San Juan de Lurigancho, San Juan Miraflores y La Victoria.
Sobre las declaraciones del ministro de Economía quien anunció dotar de mayores recursos a la policía para fortalece la seguridad ciudadana, el ministro Murazzo dijo que con la creación del Fondo de Defensa y Seguridad Ciudadana se espera mitigar y adquirir algunos elementos materiales para el trabajo. “Estamos hablando de equipos informáticos, de vehículos y material para investigación científica”. De otro lado, explicó que actualmente hay 80 mil policías pero se necesitan otros 10 mil efectivos para mejorar el servicio. “La policía en cuanto a número es cada vez menor , de 120 mil policías ahora son 80 mil. Una reducción que es alarmante considerando el aumento de la población y el índice delictivo que queremos reducir”.
El ministro fue consultado también en otros temas. Respecto al ataque a un helicóptero policial en Tingo María, el pasado 12 de abril, el ministro Murazzo dijo que se está investigando pero que no se descarta la presencia terrorista en esta zona. Al ser consultado sobre las indagaciones de la agresión que sufriera el periodista César Hildebrant Chávez, sostuvo que “se han dado disposiciones precisas para que se investigue de manera imparcial y precisa. El caso esta en manos del ministerio Público”, afirmó. El ministro Murazzo también se presentó en un canal de televisión donde trato el tema de narcotráfico. “Son tres meses de gestión donde procurare reeditar el esfuerzo de la dirección general como cuando lo comandaba. Se esta haciendo costumbre recibir la información de comisos no solo de kilos sino de toneladas (droga)”, puntualizó.
Ministro del Interior, Rómulo Pizarro Tomasio
Los ataques furibundos de la Ventana Indiscreta no dejaron trabajar al ministro del Interior , Félix Murazzo, que más tiempo abocó a defenderse de toda la campaña difamatoria en su contra , por lo que había que poner paños fríos a este asunto por lo que nombran como ministro del Interior a Rómulo Pizarro Tomasio y como Viceministro , José Luís Avilés Cueto.
Las “serpientes de larga memoria “ habían alcanzado su objetivo y se replegaron hasta encontrar una nueva víctima, saboreando el triunfo: habían acabado con el ministro del Interior y ahora descansaban hasta encontrar nueva víctima que ya se cernía en el horizonte : el director de la policía, Teniente General PNP Marcos Miyashiro .
Lo primero que hizo el nuevo ministro del Interior fue diseñar un “Plan de 90 Días”, centrando su gestión en la Seguridad Ciudadana. Si sabía rodearse de buenos asesores, tal vez su gestión podía dejar huellas en este sector muy complejo y problemático, pero que era uno de los pilares del Gobierno.
La seguridad ciudadana es el componente de la seguridad nacional, venida a menos en los últimos dos años y medio.
Una ciudad no podía vivir a merced de los delincuentes sin el riesgo de la desmoralización y la apatía reformista.
Había el avance galopante de la delincuencia: existían cifras verdaderamente alarmantes, un asalto en carreteras cada dos días, es decir 180 al año; 20 secuestros al mes, es decir, 240 al año, mientras que el pandillaje respecto al año pasado ha crecido en 50%.
Estaba interesado en que las empresas de seguridad privadas participen apoyando en el tema de la Seguridad Ciudadana ya que contaban con más de 20 mil vigilantes en Lima y Callao , 1500 vehículos y 8 mil armas, además de modernos sistemas de comunicación.
La idea era integrar las estrategias de protección privada y sus recursos a la estrategia de seguridad ciudadana elaborada por el sector y la PNP, evaluar la posibilidad de una plataforma única en conjunto a todos (policía, serenazgo, bomberos, empresas del sector privado y analizar la posibilidad de implementar la capacitación por parte de la PNP a los vigilantes de las empresas privadas y sus actualizaciones correspondientes.
T
rató de hacer realidad la promesa del presidente Toledo en su discurso del 28 de julio que asumiría la seguridad ciudadana como política del Estado.
Anunció que el 88 por ciento de policías saldría a patrullar las calles y que solo el 12 por ciento restante haría labores administrativas . También se dijo que 300 policías se sumaban a la labor del Escuadrón Verde , división que lucha contra la delincuencia menor, la micro comercialización de drogas y la prostitución.
El lunes 5 de setiembre fue relevado de su cargo de Director General el Teniente General Marcos Miyashiro e ingresa el General PNP Luís Montoya.
De esta manera el código 2( ex PIP) caía en desgracia , se habían tumbado al ministro del Interior y al director general al poder , el Código 1 ( ex Guardia Civil).
Miyashiro apenas había durado nueve meses desde el 15 de enero 2005 que fue nombrado Director General de la PNP. Era un hombre más respetado de la PNP y coautor de la captura de Guzmán , junto con Benedicto Jiménez.
Cuando asumió el cargo, despertó a las “serpientes de larga memoria “ y La Ventana Indiscreta afiló las uñas y empezó un ataque furibundo contra , ligándolo al “fujimontesinismo”.
Desde el primer ataque de la más conspicua representante de la “Prensa Piraña”, que traza la agenda del gobierno y le dice qué funcionarios se quedan o se van , el director general de la PNP empezó a vivir su crónica de muerte anunciada y cuando percibió que se iba, fines de agosto, empezó a “quemar sus últimos cartuchos “.
El fondo empezaría a operar el 1 de enero de 2005 y del monto global, el 82 por ciento se entregará al sector Defensa, mientras que el 18 por ciento restante se derivará al Ministerio del Interior.
El fondo llegaría a US$ 150 millones y se crearía de dos fuentes: los recursos de Petroperú y los ingresos que se produzcan por la explotación del gas de Camisea.
El objetivo era renovar y repotenciar los equipos de las FFAA y PNP de acuerdo a un programa racional previamente elaborado por Defensa , recogiendo el diagnóstico de los institutos armados sobre la situación real del material bélico que manejaban y de los que necesitaban repotenciar con urgencia .
Dentro del programa estaba que las compras de equipos militares o repuestos iban a ser centralizados desde el Comando Conjunto de las FFAA, lo cual significaba se anulaba toda compra individual .
El 8 de octubre, el Presidente Toledo señaló que este fondo permanente de Defensa Nacional en sus inicios alcanzaría los US$ 40 millones y que el fondo obtendrá el 20% de las regalías que perciba el gobierno por el lote 88 de Camisea, en el 2005. Esta cifra se incrementará a 40% a partir del 2006, según el proyecto. También recibirá el 30% de las regalías por la explotación del Lote 56 de Camisea.
Dentro de las FFAA el fondo será repartido en un 27% para el Ejército, 27% para la Marina, 28% para la Fuerza Aérea, y 18% para la PNP. De acuerdo con la propuesta, el 82% de dicho fondo será destinado a las Fuerzas Armadas, mientras que el 18% restante irá a la Policía.
El financiamiento inicial, que debe entrar en vigencia el 1 de enero del 2005, será de US$ 25 millones provenientes del pago de la contraprestación por la adjudicación del proyecto Las Bambas, Apurímac.
La estrategia legal de SL
Terroristas presos de Sendero Luminoso en las dos últimas semanas de setiembre presentan ante juzgados y salas del Poder Judicial , 250 recursos de hábeas corpus exigiendo su libertad. Habían entre los demandantes , simples militantes encarcelados en Castro Castro y Chorrillos , hasta cabecillas como Abimael Guzmán, preso en la Base Naval del Callao.
Los senderistas no cuestionan la nueva legislación antiterrorista dictada por este gobierno, más bien reclamaban que el plazo de su detención se ha excedido sin que haya sentencia, por lo cual dicen que deben ser excarcelados.
Sustentan sus exigencias de libertad en una sentencia de la Corte de San José, expedida el 12 de noviembre de 1997, relacionada al caso del ciudadano ecuatoriano Rafael Iván Suárez Rosero; asimismo, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asumida en el caso del peruano Wilson García Asto, expedida el 12 de marzo del 2004, quien fue absuelto y liberado hace unas semanas por la Sala Nacional de Terrorismo; en ambos casos, los fueros supranacionales señalaron que el cómputo del plazo de detención rige desde el momento en que fueron arrestados por la Policía. Los presos argumentaban que el plazo de detención previsto en el artículo 137° del Código Procesal Penal, de 36 meses como máximo, en sus casos, había vencido , pues están recluidos más de 10 años.
El coronel (r) Benedicto Jiménez denunció que el jefe de la banda terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, pretende usar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salir en libertad. Explicó que por eso, Guzmán y su cúpula han acusado, a través de varios hábeas corpus, al presidente Alejandro Toledo y al titular de la Sala Nacional Antiterrorista, Pablo Talavera, alegando que violan su derecho a la libertad. “Lo que buscan es exigir su libertad alegando que están más de 12 años presos sin sentencia, lo cual excede el plazo legal de carcelería de 36 meses, según declaró a la prensa local su abogado Manuel Fajardo”, señaló Jiménez a una agencia de noticias
Los cabecillas de Sendero Luminoso (SL) recluidos en diferentes penales de Lima fueron interrogados por personal del 38o Juzgado Penal de la ciudad capital, que estudia una acción de hábeas corpus mediante la cual exigen su libertad. Una fuente judicial informó que durante los interrogatorios algunos senderistas lanzaron frases intimidatorias contra el juez Wilbert Sánchez y sus auxiliares, quienes acudieron a recabar sus testimonios el jueves y viernes pasados. Trascendió que cuando los funcionarios judiciales acudieron al penal Miguel Castro Castro, fueron recibidos con arengas y cánticos subversivos que demandaban la libertad de sus líderes. El propósito de los terroristas sería presionarlos para obtener un fallo favorable. Los senderistas reclaman su excarcelación porque, según ellos, el plazo máximo de su detención de 36 meses se ha excedido y no han sido sentenciados. De otro lado, el juez Sánchez espera recabar el testimonio del presidente Alejandro Toledo, uno de los demandados por la cúpula senderista conjuntamente con los magistrados antiterroristas.
La Sala Nacional para Casos de Terrorismo absolvió nuevamente al cabecilla de Sendero Luminoso (SL) Osmán Morote del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. Según el tribunal, a lo largo de las investigaciones no se pudo demostrar que el número 2 de SL dirigió desde el penal de Yanamayo el atentado subversivo contra las instalaciones de Frecuencia Latina, en 1992. Esta absolución coincide con una ofensiva legal emprendida por los senderistas donde exigen la libertad de sus dirigentes a través de la presentación masiva de hábeas corpus. Sin embargo, la Sala Nacional para casos de Terrorismo condenó por el atentado a Canal 2 a los senderistas Benigno Villanueva Ríos con 19 años de prisión, Augusto Flores Murillo a 11 años y Alejandrina Mosquero Acevedo 11 años y 7 meses. Todos ellos deberán pagar 30 mil soles de reparación civil a favor del Estado
El congresista Alfredo Gonzáles y la agresión a varios efectivos policiales
El Ministerio del Interior denuncia al congresista Alfredo González Salazar por agredir a varios efectivos policiales durante una frustrada diligencia judicial que buscaba devolver la administración del Estadio Monumental a la constructora Gremco. El ministro del Interior, Javier Reátegui, deploró la actitud de González y su personal de seguridad, quienes empujaron y arrebataron sus identificaciones a los miembros de la PNP que acompañaban a la secretaria judicial del Primer Juzgado Civil Rosario Ludeña, quien iba a ejecutar la medida cautelar que devolvía a Gremco las áreas comunes, las puertas y el perímetro de dicho estadio.
La funcionaria judicial también fue agredida por el controvertido legislador. Esta denuncia se sumó a la demanda interpuesta por la Fiscalía por los delitos de robo agravado y obstrucción de la justicia.
El 15 de octubre, el pleno del Congreso decidió suspender solo por 60 días sin goce de haber -y no por 120 días como recomendó la Comisión de Ética- al legislador Alfredo González por su comportamiento del pasado 24 de setiembre cuando agredió a una representante del Poder Judicial y a miembros de la policía. Cuando todo hacía pensar que el congresista González recibiría la máxima sanción del parlamento apareció una propuesta del congresista Ronnie Jurado (Perú Ahora) para que su colega solo sea sancionado por 60 días sin goce de haber y no por 120 como recomendó la Comisión de Ética que preside Fabiola Morales (UN). Jurado justificó su petición señalando que la falta de González "No es de gran dimensión ya que no hubo sangre". 40 congresistas apoyaron la suspensión por 60 días mientras que 37 lo hicieron por la ejemplar sanción de cuatro meses.
Desarticulan red internacional e tráfico humano
En octubre 2004, un paciente trabajo de inteligencia de las autoridades peruanas y estadounidenses permitió la desarticulación de una red internacional dedicada a introducir ilegalmente en Estados Unidos a personas del Medio Oriente a través del Perú, Ecuador y Bolivia.
El operativo terminó con la captura de tres iraquíes en Detroit (EE.UU.) y cinco jordanos en el Perú. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que tras ocho meses de intensos operativos de búsqueda, enmarcados en el llamado "Plan Tortuga", el Departamento de Seguridad Interna de los EE.UU acreditado en la Embajada de ese país en Lima y las autoridades peruanas, por medio de la Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN) y la Policía de Extranjería de la PNP intervinieron en el tema. Los iraquíes detenidos son de nacionalidad estadounidenses y residían en Detroit. Fueron acusados por un Jurado Federal de Washington D. C bajo los cargos de Tráfico de extranjeros desde el año 2001 hasta la actualidad, para ser comercializados o esclavizados. Mientras tanto, simultáneamente en Lima se realizó el operativo que llevó a la detención del jordano Ismael Asaifini Tha'Er Omran (34). Este sujeto era el encargado de recibir, alojar y facilitar desde Lima, el viaje de los ciudadanos iraquíes hacia los EE.UU., toda vez que la cabecilla Neeran Hanna prometía a los extranjeros las visas al país norteamericano, pero indicaban que primero tenían que pasar por Sudamérica, en donde se les pedía otros pagos adicionales para las referidas visas.
El 12 de octubre 2004, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, enfrenta una acusación constitucional en su contra por haber autorizado la anticoncepción oral de emergencia en los programas públicos de planificación familiar. Esta no ha recibido gran acogida en el parlamento, generándose muestras de apoyo hacia la ministra Mazzetti. El vicepresidente de la República y congresista por Perú Posible (PP), David Waisman Rjavinsthi, manifestó su "total respaldo" a la ministra Mazzetti. Asimismo lamentó que, en este caso, se mezclen creencias religiosas con los resultados científicos. Por otro lado, el Defensor del Pueblo, Walter Albán, consideró que la Ministra ha procedido de manera correcta al disponer el acceso de los más necesitados al mencionado fármaco. Mazzetti ratificó la implementación de la ‘píldora’ en los programas públicos de planificación familiar y consideró la denuncia en su contra como un riesgo por ejercer un cargo público.
La sala anticorrupción "B" aumentó a seis años de prisión la condena impuesta a los ex jefes militares y policiales del régimen fujimontesinista, que entre el 13 y el 19 de marzo de 1999 firmaron y ordenaron suscribir a sus subalternos un acta de sujeción y respaldo al gobierno de Alberto Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos para garantizarse impunidad y mantenerse en el poder varios años. Han recibido condena el general EP César Saucedo Sánchez, al ex jefe de la Marina Antonio Ibárcena Amico, el ex general del aire Elesván Bello Vásquez, el ex general PNP Fernando Dianderas Ottone, el ex jefe del SIN Humberto Rosas Bonucelli y el ex asesor Vladimiro Montesinos, por violencia contra funcionarios públicos. Anteriormente fueron condenados sólo a cuatro años de prisión, pero este fallo fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría. El procurador Ronald Gamarra afirmó que con el nuevo fallo solicitará al Poder Judicial la degradación pública de los militares por haber obligado al personal a su mando a firmar el acta de sujeción. Indicó además que estos personajes que permanecen con comparecencia y arresto domiciliario deberán pasar a prisión a cumplir la condena.
El documento firmado por los oficiales tenía el nombre de Acta de Sesión Especial Nº 05 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Policía Nacional y elementos del SIN. Al firmarlo, los militares ratificaron el respaldo de las Fuerzas Armadas al autogolpe del 5 de abril de 1992 y cada uno de los firmantes se comprometía, en ese momento, a respaldar la Ley de Amnistía a favor del Grupo Colina y las violaciones de los derechos humanos, así como respaldar a los entonces jefes militares ante cualquier denuncia contra ellos por corrupción.
El voto policial y militar
La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprueba el proyecto de ley que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú ejercer su derecho a voto desde las próximas elecciones locales y regionales del año 2006. La propuesta contó con nueve votos a favor, ninguno en contra y la abstención del congresista Javier Diez Canseco, quien dijo no estar de acuerdo con el procedimiento seguido para proceder a la reforma constitucional para este objeto. Cabe resaltar que la referida iniciativa establece que los militares y policías no podrán postular a cargos públicos ni participar en actividades proselitistas.
La conspicua represente ante de la “prensa piraña” , Cecilia Valenzuela denuncia que el gobierno está utilizando al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa para destruir la credibilidad de su persona y del programa periodístico que conduce. Señaló que una entidad privada como ésta se ha convertido en la “mesa de parte del gobierno” al afirmar que a los periodistas que apoyan al gobierno los tratan con delicadeza y condescendencia, mientras a los que investigan la corrupción existente los hostilizan.
La penetración económica chilena y los “entreguitas” peruanos
Sorpresivamente y violando el Estado de Derecho, el Poder Ejecutivo emitió un decreto de urgencia para permitir que la empresa de capitales chilenos Lan Perú continúe operando.
Esta desesperada medida anula la resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) publicada en la mañana que ordena el cese de operaciones de la referida compañía. El juez de Arequipa, Eloy Zamalloa, calificó el hecho como un “pequeño golpe al Estado de Derecho”. La resolución autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a expedir excepcionalmente nuevos permisos de vuelo a aquellas compañías suspendidas por causales que no están contempladas en la Ley de Aeronáutica Civil, la misma que fue publicada en una edición extraordinaria del diario oficial “El Peruano” pasadas las 21:30 horas. Coincidentemente, Lan Perú solicitó un nuevo permiso en horas de la tarde del día anterior.
El primer ministro Carlos Ferrero indicó que la emisión de este decreto responde a que el Presidente Alejandro Toledo es consciente de que un servicio público no puede ser interrumpido de “manera intempestiva haciendo daño a los exportadores y a todos los que de una u otra manera necesitan el transporte”. Asimismo, desmintió que esta medida se haya dado para no acatar la medida dispuesta por el juez del Cuarto Juzgado de Arequipa, Eloy Zamalloa, de paralizar las acciones de Lan Perú, explicó que la intención fue no interrumpir un servicio público de tal trascendencia.
El movimiento cocalero
Más de mil cocaleros tomaron el complejo administrativo de la central hidroeléctrica de San Gabán, en protesta por la erradicación de cultivos de coca que realizan efectivos de la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) y la DEA en la zona selvática de la provincia puneña de Carabaya. Como consecuencia de estos enfrentamientos murieron tres pobladores y otros nueve resultaron heridos.
Quinientos cocaleros se apostaron en los alrededores de la puerta de ingreso, luego llegaron 500 más y tras rodear las instalaciones de la central hidroeléctrica treparon los muros para tomar el campamento de Achuane, principal represa de agua de la central.
Al verse invadidos, el personal de seguridad de la empresa y los efectivos policiales emplearon sus armas de fuego para desalojar a los campesinos, pero sus intentos fueron en vano, debido a que los agricultores lograron tomar la central tras una hora de disputa.
En el enfrentamiento fallecieron por heridas de bala Florencia Quispe Coaquira (36), José Sonco Palomino (40) y Wilber Campos, en tanto que otros cinco campesinos resultaron heridos.
Asimismo, cuatro policías fueron heridos, uno de los cuales está grave. Entre los cocaleros heridos que pudieron ser identificados figuran: Elesbán Cano Díaz (64), Aurelio Quispe Larico (34), Víctor Arce Sonco ( 58), quienes fueron trasladados al hospital de apoyo de Macusani. Allí los médicos confirmaron que uno de ellos presenta herida de bala en el rostro, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado. Enfurecidos por lo ocurrido, los campesinos tomaron en rehenes a tres policías, pero los dejaron en libertad con la condición de que el gobierno suspenda la erradicación de cultivos de hoja de coca en la zona. Por otro lado, el gobierno declaró en estado de emergencia por 30 días los distritos de Antauta y San Gabán, mediante un decreto supremo que empezó a regir ayer mismo.
El gobierno prorroga el estado de emergencia en las provincias de Huanta yLa Mar, en Ayacucho; Tayacaja, en Huancavelica; La Convención, en Cusco; yConcepción y Acobamba, en Junín. Dispone también que las Fuerzas Armadasasuman el control interno.
En diciembre (3) Rectores de las principales universidades públicas del país, entre ellos el presidente de la ANR, y más de 5 mil docentes universitarios, marchan al Congreso para exigir que se cumpla el artículo 55 de la Ley Universitaria, el cual establece que los sueldos de los profesores deben ser homologados con los de los magistrados del Poder Judicial.
Los 4 mil trabajadores de la empresa minera estadounidense Doe Run Perú y unos 20 mil campesinos de La Oraya comienzan un paro de 48 hs y bloquean a carretera central de ingreso a La Oraya, Huancayo, Huancavelica,Ayacucho, Tarma, Huanuco, Tingo María y Pucallpa, para pedir al MEM que dé más tiempo a la empresa para reducir las emisiones tóxicas.
El 19 de octubre del 2004, el ex jefe de la policía nacional, teniente general PNP® Fernando Dianderas Ottone , es recluido en el penal San Jorge para que cumpla la condena de seis años de prisión por haber ordenado a sus subalternos firma el acta de sujeción a Montesinos . Hasta ese momentos gozaba de detención domiciliaria.
Con un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico, la Policía Nacional realizó entre el 16 y el 24 de noviembre del 2004, el Operativo “VRAE 2004” logrando destruir un total de 212 laboratorios rústicos en el valle del río Apurímac-Ene. En total se neutralizaron aproximadamente 3,375 kilogramos de Pasta Básica de Cocaína.
La acción que abarcó las localidades de Pichihuilca, Hilares, Pampapampa, Tahuantisuyo, Quintiarina, Los Angeles, Palestina Alta y Maquete, ubicados en el Valle del Río Apúrimac y Ene fue ejecutada con la participación de 42 efectivos de la DINANDRO y el apoyo de seis helicópteros tipo UH-1H, además de contar con la presencia del tres representantes del Ministerio Público.
La asonada nacionalista de Andahuaylas
El sábado 1 de enero 2005 amanece con la toma de la Comisaría de Andahuaylas por parte de 150 reservistas armados del Ejército en la región andina de Andahuaylas, sudeste de Perú, exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Toledo.
El asalto a la comisaría fue liderado por el mayor retirado del ejército Antauro Humala, líder del Movimiento Etnocacerista, una agrupación considerada ultranacionalista.
Andahaylas , con unos 30.000 habitantes, está considerada como de las provincias más abandonada por los gobiernos de turno, el 65,4% de los pobladores son pobres, incluido un 36,9% que está bajo la línea de la extrema pobreza.
Esas cifras -sumadas a otras referidas a todo Apurímac-, como las que señalan que el 60% de la población carece de servicios públicos y que el 42% es analfabeta, además de factores como que la casi totalidad de los habitantes pertenece a las eternamente postergadas comunidades quechuas y buena parte de los vecinos se solidarizaron con las posiciones mesiánicas del Movimiento Etnocacerista.
Los rebeldes peruanos que ocuparon desde el sábado 1 de enero 2005 la comisaría , depusieron sus actitud el 4 de enero , entregando sus armas . Habían mantenido 17 rehenes en su poder y en el asalto perdieron la vida cuatro policías.
El líder etnocacerista y su hermano, Ollanta Humala, que tiene el mismo rango militar, participaron en el año 2000 en una sublevación contra Fujimori, quien renunció a la presidencia de Perú ese año acosado por un escándalo de corrupción.
Antauro Humala afirmó al tomar la comisaría de Andahuaylas que tenía como objeto lograr la renuncia del presidente Toledo, pero analistas políticos han señalado como un "detonante" de esta rebelión el pase a retiro de Ollanta Humala, decidido la semana pasada.
El presidente Toledo , apenas sucedió el asalto y la toma de la comisaría de Andahuaylas, declaró el estado de emergencia por 30 días el departamento de Apurímac, jurisdicción dentro de la que se encuentra Andahuaylas.
La declaración de la emergencia supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales, entre ellas el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el arresto sólo por mandato judicial.
El movimiento de Humala propugnaba la fundación de una "nueva república" fundamentada en ideas nacionalistas inspiradas en el legado cultural de los Incas y en la admiración por el héroe de la guerra con Chile (1879-1883) y ex presidente de Perú, Andrés Avelino Cáceres, y es partidario de la pena de muerte.
En la etapa de negociaciones con los etnocaceristas y su líder, Antauro Humala, participó en la comisión de diálogo el director general de la PNP, Félix Murazzo, destacando por sus cualidades de buen negociador y atinada intervención que culminó con la detención del líder rebelde, cualidades les iban a servir más tarde para su nombramiento como ministro del Interior .
En un año de gestión es poco lo que puede hacer un director general de la PNP, apenas estaba diseñando la modernización de la policía el Doctor Félix Murazzo cuando es nombrado ministro del Interior en un ministerio que tenía un déficit de 43% en su presupuesto y el 96% del presupuesto estaba orientado al pago de remuneraciones y pensiones, la PNP no podía cumplir con las asignaciones por tiempo de servicios, sueldos de cesación y asignaciones por combustible , entre otros. La última compra de municiones y explosivos databa de 1999, para el rubro de inversiones y otros gastos de capital , de los S/ 197 millones solicitados , solo S/ 6 millones fueron aprobados.
El presupuesto aprobado para el 2005 era el más bajo en lo que va del gobierno de Toledo. 571 millones de soles sumaban los compromisos y las deudas de la Policía Nacional del Perú . Y, 394 millones de soles correspondían a deudas con su propio personal, el resto era con los proveedores.
Ministro del Interior, Teniente General PNP (r) y Dr. Felix Murazzo CarrilloAl Dr. Féliz Murazzo lo tumbó la Izquierda Caviar que nunca aceptó de buen grado que un policía honesto dirija el Ministerio del Interior y las “serpientes de larga memoria”, aquellas que nunca olvidan los agravios del pasado, aquellos que nunca sueltan a sus presas, quienes guardan rencor eternamente.
Una de las acciones más destacadas durante su gestión como ministro fue la lucha implacable contra ese flagelo del país que es el narcotráfico . Muchos especialistas este también fue uno de los motivos de su salida porque el país es una “narcodemocracia” en donde los audaces son sacrificados .
El 9 de junio del 2005 , en el Valle del Río Apurímac – Ene (VRAE), en la zona conocida como el Caucho, muy cerca del poblado de San Gabriel, distrito del Río Tambo, Satipo, Junín, se halla un megalaboratorio de Clorhidrato de Cocaína .
Era la fábrica de droga más grande descubierta en toda la historia del Perú.
En esa oportunidad se logró capturar a unos “peones” pero nunca se supo quienes eran los capos de la droga y de la fábrica que producía mensualmente 2.5 toneladas de CC. Esta fábrica de droga estaba habitada por aproximadamente 30 personas y contaba con amplios dormitorios con servicios básicos de agua, luz y desagüe.
Esta operación denominada “Aniversario I” (toma este nombre debido a la proximidad de fechas entre la realización de esta importante acción policial y el aniversario de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (DIRANDRO) el 26 de junio), constituyó el más duro golpe al narcotráfico y demostró la capacidad policial , superando limitaciones y dificultades , de la DIRANDRO.
Los narcotraficantes no sólo fabricaban droga sino sus propios insumos químicos, como la acetona. Se encontró sofisticada y pesada maquinaria para procesar clorhidrato de cocaína de alta pureza. Se comisó 1,149.900 kilos de droga y más de 10 toneladas en insumos químicos. El laboratorio tenía cómodos ambientes, abundante alimentación, medicinas, modernos aparatos de comunicación y armamento de guerra. Se descubrió dos nuevas mafias que operarían en el Perú: Bebe y Estrella. Con inscripciones amenazantes, mafias mantenían en “jaque” a sus integrantes.
El titular del sector Interior, declaró a la prensa que con el hallazgo del megalaboratorio en el VRAE se demostraba que la Policía Nacional ha superado sus limitaciones y dificultades al lograr la ubicación del referido laboratorio de procesamiento de droga y de insumos, el más grande hallado hasta la fecha en nuestro país.“Esto demuestra que aquí el trabajo se está realizando de manera profesional. Nunca se le había dado un golpe tan fuerte al narcotráfico en esa zona, y ahora estamos demostrando que la Policía Nacional está superando sus limitaciones y dificultades, y ha sido capaz de lograrlo”, señaló. Indicó que la zona del VRAE es la que tiene la mayor densidad de cultivos por lo que se intensifica las acciones policiales de lucha antidrogas. Estas precisiones las realizó conjuntamente con el director general de la Policía, Gral. Marco Miyashiro, y el director general de la DIRANDRO, Gral. Eduardo Montero, en conferencia desarrollada en el Ministerio del Interior.
Para conocer la magnitud de producción de insumos químicos (IQ), por ejemplo, de este laboratorio podemos comparar que en los últimos operativos de interdicción realizados por la PNP en lo que va del año se logró comisar 18 toneladas de IQ, pero sólo en este operativo se incautaron más de 10 toneladas.
La droga comisada y neutralizada está valorizada en más de 77 millones de dólares en el mercado de los Estados Unidos, en Europa en 158 millones y en Asia supera los 298 millones de dólares americanos.
Ese mismo mes, no terminaba aún el ministro del Interior de saborear este triunfo en la lucha de la TID sin parangón en la historia del país, cuando empezó una acérrima campaña de desprestigio contra él, sin dudas, había despertado a las “serpientes de larga memoria “, aliados a la izquierda caviar y la “prensa piraña”, que lo llevó a dar explicaciones al grupo de trabajo de la Comisión de Defensa del Congreso que investigó el supuesto seguimiento policial al propietario de Frecuencia Latina .
Existía la denuncia que la esposa del mandatario , Eliana Kart habría ordenado a Murazzo hacer reglaje a Ivcher luego del enfrentamiento verbal que ambos sostuvieron en abril del año pasado en la Embajada Israel.
Detrás habían hilos invisibles que manejaban esta estrategia , entre los que estaban el propietario de Frecuencia Latina , Baruch Ivcher (su intención era demostrar que era un perseguido políticamente por el Gobierno de turno y que el ministro Murazzo se encargaba de disponer su seguimiento policial por disposición de la primera dama , Eliana Kart) y aquellos que nunca le perdonaron a Murazzo haber sido parte del equipo de investigadores del Caso Villa Coca o contra el narcotraficante Reynaldo Rodriguez Nuñez “El Padrino”.
La periodista Cecilia del Pilar , Valenzuela Valencia , la más conspicua representante de la “prensa piraña”( aquella prensa que hace de la difamación y la calumnia una forma de hacer noticia y que blinca o escuda a sus amigos o queridos , no obstante la ineptitud y corrupción que hacen gala ) , amiga de un coronel que habían investigado el Dr. Félix Murazzo en la época de El Padrino ( Coronel Antonio Ketin Vidal ) por ser el presunta persona que le entregó el casette de la captura del líder terrorista , Abimael Guzmán, como primicia y que benefició a la periodista cuando en 1992, la BBC de Londres Televition, publicó las imágenes de la captura de Abimael Guzmán , tres días después de que esta se realizara.
Esta periodista que funge de “Investigadora “ y que tiene bajo su férula un minúsculo grupo de “seudos-detectives “ , consiguió dichas imágenes ( la captura de Guzmán y esos segundos cuando El Cazador le decía que no se preocupe ). En esos momentos era productora local de la BBC de Londón Televition y trabajaba con los periodistas ingleses Jhon Simpson , Edmund Malthews y Rosalind Bain.
Esto explica la razón principal por el cual la periodista soltó todo su veneno contra el ministro del Interior , como después lo haría contra el Teniente General PNP Marcos Miyashiro .
En junio 2005 , uno de sus principales colaboradores , amigo y asesor personal . Mayor PNP® Juan Gaviria, quien trabajó con él en INTERPOL , durante el gobierno de Alberto Fujimori, aseguró que Murazzo estuvo vinculado al SIN en donde se reunió con Rozas y Montesinos. Gaviria manifestó a la prensa que entre las labores encargadas a Félix Murazzo estaba la de reportar los movimientos de Baruch Ivcher y de sus colaboradores . Entonces, la periodista , Cecilia Valenzuela , en su programa , La Ventana Indiscreta difundido el domingo 26 de junio lanza esta noticia : “ el general Murazzo habría estado al servicio de Vladimiro Montesinos”.
Gaviria acusó al ministro de reportar a Vladimiro Montesinos los movimientos de Baruch Ivcher y de sus colaboradores , cuando era conveniente amedrentarlo, se emitían órdenes de captura, cuando fue el jefe de INTERPOL, utilizó esta entidad como herramienta legal para proteger lo que le convenía a Montesinos, retrazó o bloqueo la captura del astrólogo y difamador Héctor Faisal y de los hermanos José Francisco y José Enrique Crousillat. Y, que todo este trabajo lo hizo Murazzo como agradecimiento por su designación como jefe de la INTERPOL de América del Sur. Asimismo, firmaba las órdenes de captura al revés, para que no lo reconocieran.
Gavidia fue parte de esta campaña de desprestigio e utilizado por hilos invisibles con la intención de tumbarse al ministro del Interior, quien el lunes 25 de junio 2005 se presentó ante el Congreso de la República para aclarar el supuesto seguimiento que la PNP habría realizado contra periodistas y congresistas.
Féliz Murazzo aclaró en una emisora local que el término “reglaje” estaba mal empleada y que lamentablemente se había ido “asimilando en nuestro vocabulario”. Agregó, que este término viene siendo utilizado por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, y sin darnos cuenta “vamos manejando ese leguaje y le damos espacio a una organización criminal”. Lo que puedo adelantar, sobre el tema del seguimiento, es que “de mi despacho nunca saldrá una orden de ese tipo. Estoy para cumplir la ley y hacerla cumplir”, enfatizó Murazzo Carrillo.
Entre los planes que quedaron truncos del ministro del Interior , Féliz Murazzo, estaban los relacionados a la Seguridad Ciudadana . En las entrevistas la prensa , decía que la seguridad es prioridad para el desarrollo del país. “Seguridad ciudadana es compromiso de todos y que debe interiorizarse en la población”. Explicaba que las últimas acciones del sector y la Policía Nacional han significado, por ejemplo, que en Trujillo la sensación de inseguridad vaya en descenso porque se había capturado a más de 100 delincuentes comunes que cometían crimines y mantenían en caos en esa ciudad. Sobre la situación de Lima, dijo que “existe una suerte de desorden, una anomia social que explica esa sensación de inseguridad” que vive la población. Explicó que existe un plan de trabajo del ministerio. “Estamos creando mecanismos que creen juzgados de paz para delitos menores”.Anunció que en breve se inaugurará juzgados de paz en las comisarías de San Juan de Lurigancho, San Juan Miraflores y La Victoria.
Sobre las declaraciones del ministro de Economía quien anunció dotar de mayores recursos a la policía para fortalece la seguridad ciudadana, el ministro Murazzo dijo que con la creación del Fondo de Defensa y Seguridad Ciudadana se espera mitigar y adquirir algunos elementos materiales para el trabajo. “Estamos hablando de equipos informáticos, de vehículos y material para investigación científica”. De otro lado, explicó que actualmente hay 80 mil policías pero se necesitan otros 10 mil efectivos para mejorar el servicio. “La policía en cuanto a número es cada vez menor , de 120 mil policías ahora son 80 mil. Una reducción que es alarmante considerando el aumento de la población y el índice delictivo que queremos reducir”.
El ministro fue consultado también en otros temas. Respecto al ataque a un helicóptero policial en Tingo María, el pasado 12 de abril, el ministro Murazzo dijo que se está investigando pero que no se descarta la presencia terrorista en esta zona. Al ser consultado sobre las indagaciones de la agresión que sufriera el periodista César Hildebrant Chávez, sostuvo que “se han dado disposiciones precisas para que se investigue de manera imparcial y precisa. El caso esta en manos del ministerio Público”, afirmó. El ministro Murazzo también se presentó en un canal de televisión donde trato el tema de narcotráfico. “Son tres meses de gestión donde procurare reeditar el esfuerzo de la dirección general como cuando lo comandaba. Se esta haciendo costumbre recibir la información de comisos no solo de kilos sino de toneladas (droga)”, puntualizó.
Ministro del Interior, Rómulo Pizarro Tomasio
Los ataques furibundos de la Ventana Indiscreta no dejaron trabajar al ministro del Interior , Félix Murazzo, que más tiempo abocó a defenderse de toda la campaña difamatoria en su contra , por lo que había que poner paños fríos a este asunto por lo que nombran como ministro del Interior a Rómulo Pizarro Tomasio y como Viceministro , José Luís Avilés Cueto.
Las “serpientes de larga memoria “ habían alcanzado su objetivo y se replegaron hasta encontrar una nueva víctima, saboreando el triunfo: habían acabado con el ministro del Interior y ahora descansaban hasta encontrar nueva víctima que ya se cernía en el horizonte : el director de la policía, Teniente General PNP Marcos Miyashiro .
Lo primero que hizo el nuevo ministro del Interior fue diseñar un “Plan de 90 Días”, centrando su gestión en la Seguridad Ciudadana. Si sabía rodearse de buenos asesores, tal vez su gestión podía dejar huellas en este sector muy complejo y problemático, pero que era uno de los pilares del Gobierno.
La seguridad ciudadana es el componente de la seguridad nacional, venida a menos en los últimos dos años y medio.
Una ciudad no podía vivir a merced de los delincuentes sin el riesgo de la desmoralización y la apatía reformista.
Había el avance galopante de la delincuencia: existían cifras verdaderamente alarmantes, un asalto en carreteras cada dos días, es decir 180 al año; 20 secuestros al mes, es decir, 240 al año, mientras que el pandillaje respecto al año pasado ha crecido en 50%.
Estaba interesado en que las empresas de seguridad privadas participen apoyando en el tema de la Seguridad Ciudadana ya que contaban con más de 20 mil vigilantes en Lima y Callao , 1500 vehículos y 8 mil armas, además de modernos sistemas de comunicación.
La idea era integrar las estrategias de protección privada y sus recursos a la estrategia de seguridad ciudadana elaborada por el sector y la PNP, evaluar la posibilidad de una plataforma única en conjunto a todos (policía, serenazgo, bomberos, empresas del sector privado y analizar la posibilidad de implementar la capacitación por parte de la PNP a los vigilantes de las empresas privadas y sus actualizaciones correspondientes.
T
rató de hacer realidad la promesa del presidente Toledo en su discurso del 28 de julio que asumiría la seguridad ciudadana como política del Estado.Anunció que el 88 por ciento de policías saldría a patrullar las calles y que solo el 12 por ciento restante haría labores administrativas . También se dijo que 300 policías se sumaban a la labor del Escuadrón Verde , división que lucha contra la delincuencia menor, la micro comercialización de drogas y la prostitución.
El lunes 5 de setiembre fue relevado de su cargo de Director General el Teniente General Marcos Miyashiro e ingresa el General PNP Luís Montoya.
De esta manera el código 2( ex PIP) caía en desgracia , se habían tumbado al ministro del Interior y al director general al poder , el Código 1 ( ex Guardia Civil).
Miyashiro apenas había durado nueve meses desde el 15 de enero 2005 que fue nombrado Director General de la PNP. Era un hombre más respetado de la PNP y coautor de la captura de Guzmán , junto con Benedicto Jiménez.
Cuando asumió el cargo, despertó a las “serpientes de larga memoria “ y La Ventana Indiscreta afiló las uñas y empezó un ataque furibundo contra , ligándolo al “fujimontesinismo”.
Desde el primer ataque de la más conspicua representante de la “Prensa Piraña”, que traza la agenda del gobierno y le dice qué funcionarios se quedan o se van , el director general de la PNP empezó a vivir su crónica de muerte anunciada y cuando percibió que se iba, fines de agosto, empezó a “quemar sus últimos cartuchos “.
En una nueva carta abierta afirmó que el propio Ketín Vidal, siendo jefe de la Dincote, se aseguró de editar el famoso video de la captura de Abimael Guzmán , desapareciendo de éste las imágenes de los integrantes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN). "El mismo general Vidal se presentó a mi oficina para hacerlo, teniendo como técnico en videos al especialista PNP Walter Cappa. Este especialista fue testigo de que la única versión editada se la entregué al general". Este video en el que Ketín Vidal habla con Guzmán fue difundido por Cecilia Valenzuela. Miyashiro y Cappa fueron sancionados por la difusión del video. Por su parte, la periodista Cecilia Valenzuela cuestionó la existencia del video completo aludido por Miyashiro. "¿Cómo entender que en tantos años no haya salido? Dudo de que exista hasta que me demuestren lo contrario".
Valenzuela dijo que Miyashiro no ha hablado de los 10 mil dólares que se pedían por el famoso video: "A mí me parecía nauseabundo que se pidiera dinero por el video y que además lo hicieran miembros del GEIN. Lo denuncié y conseguí ese video".
Valenzuela dijo que Miyashiro no ha hablado de los 10 mil dólares que se pedían por el famoso video: "A mí me parecía nauseabundo que se pidiera dinero por el video y que además lo hicieran miembros del GEIN. Lo denuncié y conseguí ese video".
Muchos policías consideran que en poco tiempo que ejerció el cargo, Marcos Miyashiro fue un excelente director general , pero que su inflexible honestidad lo lleva paradójicamente a la destitución.
Una de las hipótesis se tejieron en cuanto a su salida fue que a decisión la tomó el presidente Alejandro Toledo por un taimado rencor ante alguna declaración o acción disciplinaria del general Miyashiro, pero los analistas y él mismo sabe que fueron las “serpientes de larga memoria “ que nunca olvidan .
El nuevo director general de la PNP, General PNP Luís Montoya Villanueva.
Cuando asume el cargo era el 9 en el escalafón , encima de él estaban otros generales, algunos con buenos méritos para ser director general, pero como este cargo es “político “ y no existe en la policía una línea de carrera, todo puede suceder en los “saltos de garrocha” .
Los generales que estaban encima de él eran :
General Abdul Abed Rosas, Inspector General
General Hedí Tomaste Pantigoso, Presidente del Tribunal Disciplinario Administrativo.
General Remigio Hernani Meloni, Director Bienestar
General Julio Acurio Monge
General Eliud Vidal Vega
General Jorge Ayulo Loli( había retornado después de dos años de retiro ).
Cada vez que entra como director general un general menos antiguo , genera un soterrado malestar entre los más antiguos que están obligados a optar por lo siguiente : quedarse a costo de su honor y dignidad ( los más antiguos deben irse por principios) o presentar su solicitud de retiro ( que es lo menos usual , pero que al final, es el gesto más digno ).
La mayoría de los generales más antiguos que ven como un “pinche general “ asume un cargo político “ , optan por reptar o guarecerse en algún sitio o lugar del Ministerio del Interior , inventándoseles algún cargo o asesoría y prendiéndoles una vela a su santo de devoción para que suceda un milagro como sucedió con un general que volvió a la palestra como director general en el segundo periodo de ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
La culpa de esta perdida de dignidad la tienen los gobiernos de turno que hasta hoy no dan una Ley de Línea de Carrera Policial y ha traído como secuela que la palabra “dignidad” sea extraña en la policía , haya perdido vigencia en la institución durante los últimos años y sólo exista en los códigos de moral y conducta de los cadetes que observan el mal ejemplo de generales que reptan para que caiga algunas migajas de poder.
La huelga policial promovida por el Movimiento Justicia y Dignidad.
Montoya apenas se estaba asentando en el comando cuando el 12 de setiembre del 2005, lo sorprende una amenaza de huelga policial que remece el Ministerio del Interior .
Existen antecedentes sobre huelgas policiales , muchas de las cuales culminaron en hechos sangrientos . El 3 de febrero de 1975, la Policía realizó una huelga nacional para exigir el aumento de sus haberes.
Dos mil efectivos sin armas se concentraron en la 31a Comandancia, ubicada en La Victoria. El Ejército ordenó el ataque de soldados armados con metralletas y gases lacrimógenos. En las calles hubo actos vandálicos y saqueos. El número de muertos fue indeterminado. Luego, el 25 de mayo de 1983, la Guardia Civil dirige un nuevo paro desde el cuartel de la avenida Alfonso Ugarte, pese a que el Gobierno les había concedido una semana antes un incremento salarial. El presidente Fernando Belaunde declara a Lima y Callao en estado de emergencia y encarga el patrullaje a las Fuerzas Armadas. Cinco días después, extiende la medida a todo el país. No hubo pérdidas humanas.
El 16 de mayo de 1987, la inseguridad, el peligro que acarreaba la lucha antisubversiva y los bajos salarios entre el personal policial motivaron una nueva huelga. El Gobierno dispuso que la Fuerza Armada asumiera el control en las calles de Lima y amenazó con el cese de los efectivos que no se reincorporaran a sus labores.
La coyuntura obligó al nuevo director general responder por los problemas internos que la Policía arrastra desde hace décadas tras el anuncio de una huelga por parte de una facción de subalternos. En un comienzo , trató de minimizar el malestar de los miembros de la institución por los bajos salarios que reciben. Es más, afirmó que no ha escuchado ninguna queja al respecto. minimizó el anuncio de una próxima huelga al interior de su institución, tal como lo comunicaron en la víspera dos presuntos oficiales en actividad, miembros del Movimiento Policial Justicia y Dignidad.
En declaraciones a la prensa tras un acto oficial, dijo que desconocía que una mayoría de los efectivos policiales tenía la intención de acatar una medida de fuerza como esa ya que nadie le ha expresado semejante malestar y pidia la prensa tomar este tipo de informaciones con cautela , reiterando que el tema de las mejoras salariales se está evaluando.
Luego de presidir una ceremonia por el Día de la Seguridad Ciudadana en San Borja, Montoya indicó que se desconocía e la identidad de los sujetos que hicieron el alarmante anuncio pero que se está investigando y aseguró que desconocía de la existencia del Movimiento Policial Justicia y Dignidad ( unos policías encubriendo su identidad habían tenido una reunión clandestina con tres medios de comunicación escrita, llamándose a sí mismos como Movimiento Policial Justicia y Dignidad y amenazando con tomar esa medida de fuerza)
Sin embargo, Montoya dejó entrever que los efectivos que conforman el grupo que estaría impulsando esta medida de fuerza serían sancionados y que existen medidas legales y reglamentarios para ello .
A mérito de esta asonada de huelga policial, el director general y el ministro del Interior se vieron obligados a pronunciarse ante los medios que estaban de aen elevar los sueldos a los policías, realizar mejoras en el servicio de salud policial y preferencias para los agentes en el acceso a los programas de vivienda, así como becas de estudio para los hijos de los policías .
Contrariamente a las palabras del máximo representante de la PNP, tanto subalternos como suboficiales se mostraron a favor de la paralización anunciada por los policías encapuchados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, el legislador aprista Luis Gonzáles Posada, anunció que se reunirá mañana con el primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, para proponerle el establecimiento de un cronograma de incrementos salariales. El legislador explicó que esta situación es el resultado del descuido de la Policía por parte de los últimos gobiernos, razón por la que los agentes se sienten "mecidos y postergados". Llamó la atención, además, sobre "la situación dramática y lamentable de los hospitales de la Policía".
Se especulaba que los presuntos dirigentes del movimiento Justicia y Dignidad que promovían clandestinamente la huelga policial podrían ser ex PIP debido a el lema "Justicia y dignidad" eran de esta ex institución y que estarían actuando por razones políticas. Lo único seguro es que se trataría de veteranos, ya que, en su declaración escrita, confiesan ser "policías en actividad con experiencia en las huelgas de 1983 y 1987".
Expertos en el tema se mostraron contrarios a la huelga. Si bien reconocen los problemas de los agentes, coinciden en que estos no pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana con una medida de ese tipo.
Susana Villarán ,Ex defensora de la PNP :"Los policías están impedidos constitucionalmente de ejecutar medidas que pongan en peligro la seguridad ciudadana. Están en su derecho de exigir aumento de sueldos, pero no pueden poner en riesgo la tranquilidad ni sus puestos de trabajo. Además, los agentes no deben caer en tentaciones políticas".
Lourdes Flores Nano ,Lideresa de Unidad Nacional "Si se anunció como uno de los temas fundamentales en la agenda el tema de la seguridad ciudadana, hay que mirar la situación de los agentes. Hay que poner orden en la institución, pero también atender a sus miembros. Se debe priorizar la atención de los efectivos desde los aspectos remunerativos hasta los de la familia policial".
Carlos Basombrío ,Ex viceministro del Interior .-"Soy contrario a la posibilidad de una huelga policial, pues sería muy dañina para el país, la democracia y para la misma Policía. Las autoridades tienen que verificar la información. Esas amenazas no necesariamente expresan lo que piensa la Policía, pero eso no quita que reconozca las grandes dificultades por la que atraviesan".
General(r) Eduardo Pérez Rocha ,Ex director de la PNP .-"Dudo que se concrete un paro. Los policías del Perú son conscientes de que no estamos en el mejor de los países, pero no es la forma de reclamar. La Policía está encargada de velar por el orden y sería inconcebible una situación de ese tipo. El Gobierno debe comunicar cuáles son los incentivos para los agentes".
Alberto Tejada ,Alcalde de San Borja .-"El problema de la Policía es una realidad innegable. Están mal pagados. El Gobierno no solo debe incluir en su agenda la lucha contra la inseguridad ciudadana, también tiene que considerar este reclamo. En los últimos años, la Policía ha realizado una buena labor en coordinación con los gobiernos locales".
Una de las hipótesis se tejieron en cuanto a su salida fue que a decisión la tomó el presidente Alejandro Toledo por un taimado rencor ante alguna declaración o acción disciplinaria del general Miyashiro, pero los analistas y él mismo sabe que fueron las “serpientes de larga memoria “ que nunca olvidan .
El nuevo director general de la PNP, General PNP Luís Montoya Villanueva.Cuando asume el cargo era el 9 en el escalafón , encima de él estaban otros generales, algunos con buenos méritos para ser director general, pero como este cargo es “político “ y no existe en la policía una línea de carrera, todo puede suceder en los “saltos de garrocha” .
Los generales que estaban encima de él eran :
General Abdul Abed Rosas, Inspector General
General Hedí Tomaste Pantigoso, Presidente del Tribunal Disciplinario Administrativo.
General Remigio Hernani Meloni, Director Bienestar
General Julio Acurio Monge
General Eliud Vidal Vega
General Jorge Ayulo Loli( había retornado después de dos años de retiro ).
Cada vez que entra como director general un general menos antiguo , genera un soterrado malestar entre los más antiguos que están obligados a optar por lo siguiente : quedarse a costo de su honor y dignidad ( los más antiguos deben irse por principios) o presentar su solicitud de retiro ( que es lo menos usual , pero que al final, es el gesto más digno ).
La mayoría de los generales más antiguos que ven como un “pinche general “ asume un cargo político “ , optan por reptar o guarecerse en algún sitio o lugar del Ministerio del Interior , inventándoseles algún cargo o asesoría y prendiéndoles una vela a su santo de devoción para que suceda un milagro como sucedió con un general que volvió a la palestra como director general en el segundo periodo de ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi.
La culpa de esta perdida de dignidad la tienen los gobiernos de turno que hasta hoy no dan una Ley de Línea de Carrera Policial y ha traído como secuela que la palabra “dignidad” sea extraña en la policía , haya perdido vigencia en la institución durante los últimos años y sólo exista en los códigos de moral y conducta de los cadetes que observan el mal ejemplo de generales que reptan para que caiga algunas migajas de poder.
La huelga policial promovida por el Movimiento Justicia y Dignidad.
Montoya apenas se estaba asentando en el comando cuando el 12 de setiembre del 2005, lo sorprende una amenaza de huelga policial que remece el Ministerio del Interior .
Existen antecedentes sobre huelgas policiales , muchas de las cuales culminaron en hechos sangrientos . El 3 de febrero de 1975, la Policía realizó una huelga nacional para exigir el aumento de sus haberes.
Dos mil efectivos sin armas se concentraron en la 31a Comandancia, ubicada en La Victoria. El Ejército ordenó el ataque de soldados armados con metralletas y gases lacrimógenos. En las calles hubo actos vandálicos y saqueos. El número de muertos fue indeterminado. Luego, el 25 de mayo de 1983, la Guardia Civil dirige un nuevo paro desde el cuartel de la avenida Alfonso Ugarte, pese a que el Gobierno les había concedido una semana antes un incremento salarial. El presidente Fernando Belaunde declara a Lima y Callao en estado de emergencia y encarga el patrullaje a las Fuerzas Armadas. Cinco días después, extiende la medida a todo el país. No hubo pérdidas humanas.
El 16 de mayo de 1987, la inseguridad, el peligro que acarreaba la lucha antisubversiva y los bajos salarios entre el personal policial motivaron una nueva huelga. El Gobierno dispuso que la Fuerza Armada asumiera el control en las calles de Lima y amenazó con el cese de los efectivos que no se reincorporaran a sus labores.
La coyuntura obligó al nuevo director general responder por los problemas internos que la Policía arrastra desde hace décadas tras el anuncio de una huelga por parte de una facción de subalternos. En un comienzo , trató de minimizar el malestar de los miembros de la institución por los bajos salarios que reciben. Es más, afirmó que no ha escuchado ninguna queja al respecto. minimizó el anuncio de una próxima huelga al interior de su institución, tal como lo comunicaron en la víspera dos presuntos oficiales en actividad, miembros del Movimiento Policial Justicia y Dignidad.
En declaraciones a la prensa tras un acto oficial, dijo que desconocía que una mayoría de los efectivos policiales tenía la intención de acatar una medida de fuerza como esa ya que nadie le ha expresado semejante malestar y pidia la prensa tomar este tipo de informaciones con cautela , reiterando que el tema de las mejoras salariales se está evaluando.
Luego de presidir una ceremonia por el Día de la Seguridad Ciudadana en San Borja, Montoya indicó que se desconocía e la identidad de los sujetos que hicieron el alarmante anuncio pero que se está investigando y aseguró que desconocía de la existencia del Movimiento Policial Justicia y Dignidad ( unos policías encubriendo su identidad habían tenido una reunión clandestina con tres medios de comunicación escrita, llamándose a sí mismos como Movimiento Policial Justicia y Dignidad y amenazando con tomar esa medida de fuerza)
Sin embargo, Montoya dejó entrever que los efectivos que conforman el grupo que estaría impulsando esta medida de fuerza serían sancionados y que existen medidas legales y reglamentarios para ello .
A mérito de esta asonada de huelga policial, el director general y el ministro del Interior se vieron obligados a pronunciarse ante los medios que estaban de aen elevar los sueldos a los policías, realizar mejoras en el servicio de salud policial y preferencias para los agentes en el acceso a los programas de vivienda, así como becas de estudio para los hijos de los policías .
Contrariamente a las palabras del máximo representante de la PNP, tanto subalternos como suboficiales se mostraron a favor de la paralización anunciada por los policías encapuchados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, el legislador aprista Luis Gonzáles Posada, anunció que se reunirá mañana con el primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski, para proponerle el establecimiento de un cronograma de incrementos salariales. El legislador explicó que esta situación es el resultado del descuido de la Policía por parte de los últimos gobiernos, razón por la que los agentes se sienten "mecidos y postergados". Llamó la atención, además, sobre "la situación dramática y lamentable de los hospitales de la Policía".
Se especulaba que los presuntos dirigentes del movimiento Justicia y Dignidad que promovían clandestinamente la huelga policial podrían ser ex PIP debido a el lema "Justicia y dignidad" eran de esta ex institución y que estarían actuando por razones políticas. Lo único seguro es que se trataría de veteranos, ya que, en su declaración escrita, confiesan ser "policías en actividad con experiencia en las huelgas de 1983 y 1987".
Expertos en el tema se mostraron contrarios a la huelga. Si bien reconocen los problemas de los agentes, coinciden en que estos no pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana con una medida de ese tipo.
Susana Villarán ,Ex defensora de la PNP :"Los policías están impedidos constitucionalmente de ejecutar medidas que pongan en peligro la seguridad ciudadana. Están en su derecho de exigir aumento de sueldos, pero no pueden poner en riesgo la tranquilidad ni sus puestos de trabajo. Además, los agentes no deben caer en tentaciones políticas".
Lourdes Flores Nano ,Lideresa de Unidad Nacional "Si se anunció como uno de los temas fundamentales en la agenda el tema de la seguridad ciudadana, hay que mirar la situación de los agentes. Hay que poner orden en la institución, pero también atender a sus miembros. Se debe priorizar la atención de los efectivos desde los aspectos remunerativos hasta los de la familia policial".
Carlos Basombrío ,Ex viceministro del Interior .-"Soy contrario a la posibilidad de una huelga policial, pues sería muy dañina para el país, la democracia y para la misma Policía. Las autoridades tienen que verificar la información. Esas amenazas no necesariamente expresan lo que piensa la Policía, pero eso no quita que reconozca las grandes dificultades por la que atraviesan".
General(r) Eduardo Pérez Rocha ,Ex director de la PNP .-"Dudo que se concrete un paro. Los policías del Perú son conscientes de que no estamos en el mejor de los países, pero no es la forma de reclamar. La Policía está encargada de velar por el orden y sería inconcebible una situación de ese tipo. El Gobierno debe comunicar cuáles son los incentivos para los agentes".
Alberto Tejada ,Alcalde de San Borja .-"El problema de la Policía es una realidad innegable. Están mal pagados. El Gobierno no solo debe incluir en su agenda la lucha contra la inseguridad ciudadana, también tiene que considerar este reclamo. En los últimos años, la Policía ha realizado una buena labor en coordinación con los gobiernos locales".
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