Señor Presidente de la República del Perú :
Hace unos días le dirigí una carta abierta en la que le hacía ver -en forma sencilla- que a pesar de ser el Jefe Supremo de las FFAA y PNP, tal como lo establece la Constitución, sus afirmaciones sobre el reajuste de salarios del personal de las FF.AA. y de la Policía Nacional habían ido cambiando errática y demagógicamente.
Lamentablemente, no me equivoqué pues con su proceder, usted sigue desdiciéndose de los planes y promesas hechas cuando se encontraba en campaña electoral.
Esta bonificación que ha dispuesto para las FF.AA. y la PNP mediante el Decreto de Urgencia Nº 014-2010, es solamente un minúsculo paliativo a las necesidades que tiene el personal de dichas instituciones de recibir una justa remuneración; sobre todo el personal subalterno. Además, como dispone el artículo 4º del dispositivo arriba citado, dicho bono será financiado con cargo a los presupuestos de Defensa y del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Si esto es así, le pregunto: ¿Por qué al anunciar su otorgamiento dijo usted que había dispuesto su entrega después de un minucioso estudio del presupuesto nacional y de las obras públicas… habiendo hecho reserva de recursos y postergando algunas inversiones? Yo se lo puedo decir: Lo hizo utilizando el arte de la demagogia y del engaño. Un discurso que pretende hacerle creer al pueblo que se están postergando obras como carreteras, postas médicas, escuelas, etc., y todo por darles un bono a los militares, no es más que una vieja táctica suya, la de enfrentar a unos con otros para obtener réditos políticos. Pero el pueblo no es tonto, presidente. El pueblo peruano se ha dado cuenta de esta burda maniobra y está apoyando a sus fuerzas armadas y a su policía.
Además presidente, esto ha sido tomado por la inmensa mayoría de sus miembros, como una burla y como un signo inequívoco del profundo desprecio ancestral que tiene usted por las Fuerzas Armadas y la Policía. Es decir, además de mantener diezmada la capacidad operativa de las fuerzas armadas, ahora afrenta usted la moral del personal militar. ¡Craso error señor García! Tener equipamiento inadecuado e inoperativo ya es malo, pero ahondar esta situación burlándose del personal, no tiene nombre. Usted no se da cuenta, pero esto le va a reventar en la cara.
Pero lo peor que ha hecho usted es crear diferencias donde no las hay. Al disponer que el bono llamado: “Compensación por Defensa, Seguridad Nacional y Orden Interno”, se entregue (por única vez) sólo al personal en situación de actividad a partir del grado de Comandante hasta el de Suboficial de Tercera (o equivalentes) y al personal lisiado o discapacitado en combate así como a las viudas, no hace sino confirmar su absoluta ignorancia de lo que es la naturaleza de la labor militar. O acaso… ¿usted cree que el personal en retiro no tiene iguales o mayores necesidades que el personal en actividad? ¿Por qué hace usted esa diferencia?
No puede usted negar que su propósito es crear desunión y enfrentamiento entre sus miembros. Pero, no se equivoque; el personal en situación militar de retiro nunca va a ver mal que a sus compañeros en actividad se les entregue ese bono, aunque sea una ínfima cantidad. Lo que si vemos mal, pero muy mal, es su accionar señor presidente, el que haga usted esas distinciones. Diferencias que no pueden ni deben presentarse. Sino veamos:
· El personal en retiro ha dado también su cuota de sacrificio en su momento. Muchos de ellos han sido vencedores en Falso Paquisha, mientras usted estaba bien acomodado en su curul.
· Muchos de ellos también combatieron en la Guerra del Cenepa en inferioridad de condiciones, entre otros motivos - y citando el libro “Pájaros de alto vuelo” de Carlos Malpica - por la venta, bajo oscuras condiciones, de doce (12) aviones Mirage 2000 y todo su armamento. Dicha venta fue anunciada por usted al tomar el mando en 1985.
· El personal que se encuentra en retiro actualmente, también es aquél que peleó y GANÓ en la lucha contra el terrorismo en los momentos más duros de la demencial arremetida del senderismo entre 1980 y 1995. ¿Pero mientras tanto que hacía usted presidente? Se lo vuelvo a recordar: usted destrozaba la economía nacional y llevaba al país del 85 al 90 a la inflación más grande de su historia.
· Por otro lado, es indudable que el personal que sufrió mutilaciones y las viudas de aquellos que resultaron muertos en combate, requieren de una atención de parte del Estado en agradecimiento a su enorme sacrificio. Eso no está en discusión. El problema está en la discriminación que usted hace.
· En ese sentido yo le pregunto presidente García: ¿Aquellos que no tuvieron la “suerte” de perder una pierna, un brazo, un ojo (o ambos), o los que no murieron en combate, deben ser ignorados acaso? ¿Se trata de un castigo para aquellos que, ganando una guerra, regresaron a casa ilesos?
· Usted se ha olvidado del principio constitucional que dice que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas.
Por eso, esta disposición del Ejecutivo, contrariamente a lo calculado por usted, no va a ser aplaudida por el personal en actividad y menos por los lisiados y las viudas, pues además de tratarse de un “caramelito” que se diluirá rápidamente, ellos saben que se está cometiendo una injusticia con sus camaradas de armas.
LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y PENSIONARIO DE LAS FF.AA. Y DE LA POLICÍA
Por otro lado, ha anunciado usted que se va a conformar una comisión encargada de estudiar y proponer la reestructuración del sistema remunerativo y de pensiones de las FF.AA. y de la Policía Nacional; sin embargo, vemos que esa comisión está integrada por los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, es decir, por un equipo de personas dependientes todas del Ejecutivo, además de una Secretaría Técnica encargada a una persona de reconocido prestigio. Esperemos que no se trate de algún prestigioso miembro del partido del pueblo (¿?).
En este punto debo resaltar lo siguiente: Cuando paralizaron los gremios de transportes, las comisiones de alto nivel del gobierno se reunieron con ellos y llegaron a un acuerdo. Cuando el turno le correspondió al gremio de construcción civil, igualmente y en forma reactiva han debido acordar con aquél. Y así lo han hecho con todos los gremios y con las comunidades campesinas y nativas de la selva, logrando inclusive derogar leyes o decretos legislativos que consideraban nocivos o injustos para sus intereses.
La pregunta lógica sería: ¿Por qué no conforman esta comisión también los directamente afectados? La respuesta cae por su propio peso: porque los militares y policías no pueden hacer huelga, ni hacer paros, ni tomar carreteras ni otras medidas de fuerza. Es por eso que este gobierno abusivo mira despectivamente a los miembros de las fuerzas del orden y no los considera para asuntos tan trascendentales como este. El ministro de defensa podrá tener buenas intenciones pero, finalmente sucumbirá ante el poder de quien lo puso en el cargo.
Es por eso que, a pesar de contar con una propuesta trabajada durante la administración del Ministro Wagner, la cual aparentemente ha sido dejada de lado; le hago ver señor presidente, la imperiosa necesidad de contar en esa nueva comisión, con representantes de las asociaciones de Oficiales, Técnicos y Suboficiales de las FF.AA. y de la PNP y con representantes de la Comisión de Defensa del Congreso, pero no del oficialismo.
LA PROBLEMÁTICA SITUACIÓN DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL
En lo que respecta al Sistema de Pensiones presidente, su novel ministra de economía ha afirmado que se trata de un “sistema quebrado”, mencionando la posibilidad de cambiar la administración previsional de la Caja de Pensiones Militar Policial, por una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), y además ha mencionado la intención de cancelar la llamada Cédula viva. Por ese motivo me veo en la necesidad de aclararle a usted y a su ministra aspectos que al parecer no son de su conocimiento o que ambos están pésimamente asesorados, lo cual, al tratarse de una segunda administración, en su caso es imperdonable.
1. Comenzaré tratando el punto referido al sistema pensionario, es decir: ¿Por qué el sistema de pensiones debe funcionar como lo establece la ley 19846 y no a través de una AFP, tal como lo ha propuesto la ministra Aráoz?
La ministra debería saber que la Tasa de Siniestralidad para el caso de personal de las fuerzas del orden se encuentra, en el último quinquenio, en una cifra alrededor del 27%. Esa tasa de siniestralidad es producto de la naturaleza de las operaciones militares y policiales, un régimen y modalidad de trabajo diferente a otros regímenes públicos o privados y que deben conocer y comprender tanto usted como su ministra. Con dicha tasa ninguna AFP podría sostener un sistema de carácter solidario, es decir un sistema de reparto y capitalización colectiva como lo es la CPMP y como lo son los sistemas pensionarios de personal militar tanto de los países de la región como de países de otras latitudes cuyos gobernantes si entienden el tema.
El sistema de AFP’s no es solidario. Funciona a través de una Cuenta de Capitalización Individual (CCI) por lo cual un suboficial u oficial que en sus primeros grados sufra un siniestro o muera en acto o con ocasión del servicio, tendría una CCI muy baja que no permitiría cubrir sus requerimientos o los de su familia.
2. Como segundo punto es necesario hacer saber a la opinión pública el porqué de la actual situación caótica de la CPMP; situación que es de su conocimiento, pero que por falta de decisión o por cálculo político permanece en ese estado:
* Al comenzar este sistema en enero de 1973, la Tasa de Aporte era del 6%, correspondiéndole 3% al miembro aportante y 3% al Estado. Esta tasa debía haberse actualizado conforme iba ingresando más personal al sistema y de acuerdo a estudios actuariales que debían formularse cada cinco (05) años.
* En el año de 1979 y después del estudio actuarial respectivo se incrementó la tasa de aporte al 12%, correspondiéndole 6% al aportante y 6% al Estado. A partir de ese año comenzaron los problemas, pues el aporte correspondiente del Estado dejó de pagarse por inexplicables razones (o por desidia o indiferencia de los sucesivos gobiernos).
* A la fecha, la tasa de aporte debería estar (de acuerdo a cálculos actuariales) en el orden del 27% al 30%, lo cual no es novedad, pues diferentes países de la región tienen su sistema previsional militar en porcentajes similares, sino veamos: (según datos de la Asociación Internacional de Seguridad Social)
o En Argentina, la tasa de aporte asciende a 36%, correspondiéndole 11% al miembro aportante y 25% al Estado.
o En Colombia, la tasa de aporte asciende a 27%, correspondiéndole 8% al miembro aportante y 19% al Estado.
o En Venezuela, la tasa de aporte asciende a 30%, correspondiéndole 5% al miembro aportante y 25% al Estado.
Pero, como usted puede decir que en Venezuela existe un gobierno cuasi militarizado, entonces le presento a continuación cómo maneja Chile, su imagen objetivo, el tema de pensiones la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA):
o En Chile, la tasa de aporte asciende a 26%, correspondiéndole 7% al miembro aportante y 19% al Estado. A esta situación debe agregarse que en el presente año la Presidenta Bachelet ha aumentado los salarios del personal de sus fuerzas armadas y carabineros hasta en un 12,7% adicional. Y es que los gobernantes chilenos son estadistas que consideran que sus fuerzas armadas son un seguro para su supervivencia como Estado y para proteger sus inversiones.
* Es indudable que durante los periodos de gobierno de 1990 al 2000, el corrupto manejo de la CPMP comprometió los fondos de la misma y los responsables están pagando sus delitos; sin embargo es bueno saber que el incumplimiento del aporte estatal que le corresponde según ley, ha causado que al mes de Enero 2010 la deuda del Estado ascienda a la suma de MIL TRECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NUEVOS SOLES (S/. 1,300´453,000.00) según datos de la Gerencia de Pensiones de la CPMP.
SEÑOR PRESIDENTE :
Admítalo, tanto usted (en sus dos administraciones) como los otros presidentes en las dos últimas décadas han incumplido el pago que están obligados a hacer y que actualmente, es la principal causa del desfinanciamiento de La Caja. ¡Ordene usted el pago de la deuda presidente!
Además, es necesario aprobar el proyecto de norma legal ha sido presentado hace ya bastante tiempo y que dispone el incremento de la tasa de aporte al 20%, debiendo corresponderle 8% al miembro aportante y 12% al Estado; esta medida permitirá su sostenibilidad en el tiempo.
Respecto de la cédula viva y, basado en las disposiciones constitucionales, lo invito a hacer la siguiente reflexión:
La Constitución Política del Perú establece la finalidad de las Fuerzas Armadas; éstas existen primordialmente para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República y, adicionalmente asumen el control del Orden Interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución. Por su parte, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Además previene, investiga y combate la delincuencia así como vigila y controla las fronteras.
Esta finalidad constitucional de las FFAA y de la PNP exige que el régimen laboral, tareas, funciones, actividades, responsabilidades, obligaciones y derechos de su personal sean distintos, diferentes a la de cualquier otro servidor público. El personal que ingresa a las FFAA es sometido a un riguroso examen de selección previo a su admisión, se le exige condiciones y aptitudes especiales durante su preparación profesional y cuando una situación externa o interna pone en riesgo la seguridad nacional, el gobierno, la población peruana, la nación entera exige y espera que sus FFAA cumplan con sus deberes y obligaciones, aunque ello implique el sacrificio de las vidas de sus miembros durante el ejercicio activo de sus funciones.
Citando sumariamente nuestro Código de Ética, le decimos presidente que los miembros de las fuerzas armadas somos peruanos, ciudadanos de un estado democrático, con vocación militar. Somos guerreros vistiendo el uniforme de las Fuerzas Armadas del Perú. Hemos escogido dedicar nuestras vidas para defender la independencia, la soberanía, la integridad territorial de la República. Tenemos derechos y deberes constitucionales, por lo tanto nuestro accionar lo hacemos en estricta observancia de la Constitución Política. Hemos sido formados y educados militarmente para servir a nuestra patria con integridad, disciplina y lealtad. Nos instruimos, entrenamos y preparamos profesionalmente, con dedicación y voluntad para alcanzar el dominio y lograr eficiencia y capacidad en el empleo de las armas que la nación nos confía. Somos conscientes que solamente debemos emplear la fuerza militar para defender a nuestra nación, la libertad, la vida de nuestros conciudadanos y la paz de nuestro pueblo. Por nuestro honor actuamos con coraje y somos valientes en el combate, llegando hasta el sacrificio de nuestras vidas si es necesario.
Por ser la actividad profesional militar y policial sumamente diferenciada de las demás actividades públicas, la Constitución, las leyes y normas del estado peruano han establecido regímenes diferentes en lo jurisdiccional, en lo referente a derechos políticos, en lo jurídico y en lo laboral así como en lo pensionario. Adicionalmente a estas normas, como usted bien sabe, nosotros no tenemos horario fijo, estamos disponibles las 24 horas del día; trabajamos en zonas inhóspitas, peligrosas y zonas de frontera; muchas veces no tenemos vacaciones ni descanso; tenemos una modalidad de trabajo que nos impone situaciones de inamovilidad general con perjuicio de nuestras familias y además nuestras vidas están en constante peligro.
En síntesis señor presidente, si la Constitución Política establece normas, responsabilidades y prohibiciones exclusivas para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las leyes y sus reglamentos precisan que el régimen laboral, tareas, funciones, actividades, responsabilidades, obligaciones y derechos de su personal sean distintos, diferentes a la de cualquier otro servidor público … ¿Por qué razón trata de compararnos con otros funcionarios del Estado que no tienen las mismas funciones y responsabilidades?
Si nuestra labor es totalmente diferente a la de cualquier empleado público o privado pues se trata de arriesgadas funciones que ejercen (solamente) las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional conforme usted lo ha afirmado en el Tercer Considerando del decreto de urgencia; entonces, la conclusión lógica es que, por esas y otras muchas razones es que debemos tener un trato diferenciado en nuestro sistema remunerativo y pensionario.
Terminaré esta misiva, transcribiendo algunas de las conclusiones de la Organización Europea de Asociaciones Militares, aprobadas en la Declaración de Sevilla, España por 24 delegaciones de igual número de países y que le agradeceré lea con atención:
“Hoy día, se exige mucho de un militar: que sea un combatiente, pero además que actúe como un diplomático, o un policía y que acuda, a menudo el primero, a ayudar a mujeres y niños y se convierta literalmente en el escudo protector de los seres humanos que sufren”.
“Por ello los gobiernos están obligados a formar adecuadamente a sus militares, ofreciéndoles la máxima protección personal y también a adaptar sus armas y equipos necesarios a las nuevas condiciones de intervención”.
“Esto exige considerables medios financieros, al igual que para proteger el nivel social de todos los militares, en activo, retirados o en reserva, y de sus familias, y también crear condiciones de vida sociales y económicas más atractivas. Sólo así puede crearse un ambiente positivo en la sociedad que garantice vocaciones de calidad para todos los niveles de mando militar”.
Si esto no lo ve usted así, entonces toda la filosofía en la que descansa la naturaleza de la labor militar y policial habrá sucumbido en nuestro país, con el peligro que eso constituye.
Presidente, está usted a tiempo de rectificarse.
Mayor General FAP Carlos Ordóñez Velázquez DNI: 43314159
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